La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) detecta una "clara falta" de vinculación entre las políticas públicas, la programación presupuestaria y los planes estratégicos de 14.000 millones de euros en subvenciones, y una "falta de transparencia" vinculada a la rendición de cuentas, desde punto de vista de la eficacia y la eficiencia de las administraciones públicas.
Por ello, pide una modificación de la Ley General de Subvenciones para "clarificar" el ámbito de aplicación, que incluya un procedimiento sancionador, y simplificar las cargas administrativas, así como impulsar las conferencias sectoriales como una red de órganos especializados.
Así se desprende del primer estudio del proceso de revisión del gasto, conocido como spending review, que se realiza por primera vez en España y se ha centrado en la evaluación de la estrategia y los procedimientos seguidos en la concesión de subvenciones públicas, y sirve de marco de referencia para los otros seis de la primera fase.
El presidente de la AIReF, José Luis Escrivá, ha denunciado durante la presentación del estudio la "carencia grande" en España de la evaluación de las políticas públicas, ya que aunque hay un control de fiscalización y legalidad, hay una "escasísima evaluación de los resultados", por lo que ve un "extraordinario margen de mejora" en la gestión del gasto público español, que alcanza el 40% del PIB.
El estudio, que se ha estructurado en tres ejes (planificación estratégica, mecanismos de coordinación y análisis de procedimiento), constata que los planes estratégicos de las subvenciones tienen una "escasa" vinculación con las políticas públicas subyacentes, así como con los planes sectoriales y la programación presupuestaria debido a que la estrategia solo entra al final del proceso.
Fuentes de la AIReF han explicado que no existe una definición única de subvención, si bien la utilizada por el organismo en este primer proyecto se centra en las subvenciones definidas en la Ley General de Subvenciones, por lo que del total de 30.000 millones en subvenciones del spending review, este primer punto comporta unos 14.000 millones de la Base de Datos Nacional de Subvenciones.
Así, concluye que existe una mayor planificación estratégica de las subvenciones en las administraciones territoriales que en el Estado, que no empezó hasta 2017, aunque actualmente ya todos los ministerios cuentan con uno o dos planes; y detecta un "nulo carácter estratégico" al configurarse la planificación como una compilación de las líneas de subvención existentes.
También advierte e que no existe vinculación entre los elementos de la planificación estratégica. Esa "inexistencia" de estrategia se extiende al diseño de las políticas públicas y ha sido detectado por la AIReF tras valorar todos los planes estratégicos existentes: 15 planes estratégicos de los ministerios, 129 de las comunidades autónomas y cuatro de entidades locales.
El informe cita como las regiones con una mejor planificación estratégica de las subvenciones a Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, Baleares, Navarra y Cataluña, mientras que las que mejor cumplen a nivel ministerial son Fomento y los departamentos de I+D+i, a diferencia de Justicia.
Las sanciones
La Autoridad Fiscal aboga por una reforma de la Ley General de Subvenciones para clarificar y ampliar el ámbito, desarrollar los principios de establecimiento y concesión, exigir mayor detalle en la justificación del importe y la actividad de los beneficiarios de las subvenciones directas, así como su rendición de cuentas.
El organismo ve necesaria una simplificación administrativa en materia de subvenciones y potenciar la comprobación y el control de eficacia y eficiencia, así como la aplicación efectiva de un régimen sancionador disuasorio como en otros ámbitos, dirigido a los beneficiarios de subvenciones indebidas, junto a la coordinación del procedimiento de control y reintegro.
Este primer estudio sirve de marco de referencia para los otros seis de la primera fase, que analizan 30.000 millones en subvenciones distribuidas en ámbitos como el del gasto farmacéutico no hospitalario (11.000 millones), políticas activas de empleo (6.000 millones), becas universitarias, ayudas a la investigación, apoyo al sector industrial y el servicio postal de Correos.