El Banco de España ha lanzado esta semana todo un jarro de agua fría sobre la senda económica que ha emprendido el Gobierno de Pedro Sánchez en el último año, lo cual no ha sentado nada bien a la cúpula socialista. El organismo regulador, que, a diferencia de la negra etapa de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, se ha caracterizado en los últimos años por su rigurosidad a la hora de emitir análisis y recomendaciones, ha tumbado, uno por uno, los principales hitos económicos del Ejecutivo, empezando por el crecimiento del PIB.
En su informe anual de 2018, advierte, entre otros aspectos, que el avance de la economía nacional se sustenta sobre pilares endebles, ya que, por un lado, la productividad sigue siendo muy reducida y, por otro, buena parte del crecimiento registrado en 2018 responde a factores que son insostenibles en el tiempo, tales como el aumento discrecional del gasto público o el excesivo consumo sin ahorro previo, reproduciendo así las negativas prácticas del pasado.
Las políticas expansivas llevadas a cabo por Sánchez han engordado de forma artificial el PIB, pero a costa de elevar el déficit estructural del sector público, lo cual es muy grave, ya que intensifica la vulnerabilidad de la economía española ante un empeoramiento del contexto internacional a nivel financiero o comercial. Que el país todavía no haya logrado equilibrar las cuentas públicas con una deuda próxima al 100% del PIB resulta muy preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta que la guerra comercial entre EEUU y China, el Brexit o el estancamiento de la zona euro, con Italia como nuevo factor de riesgo, pueden acabar desatando una nueva tormenta.
Asimismo, el Banco de España enfatiza la necesidad de mantener la reforma laboral de 2012 e incluso profundizar en ella con el fin de reducir la temporalidad, lo cual choca de plano con las críticas vertidas por el Gobierno a este cambio legislativo. Aunque lo más significativo del informe son, sin duda, sus advertencias sobre la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), la fijación del precio de los alquileres y la complicada situación de la Seguridad Social.
En cuanto al primer punto, el regulador insiste en que la histórica subida del SMI aprobada por el Sánchez podría acabar destruyendo miles de puestos de trabajo, por mucho que, hasta el momento, su impacto no se haya reflejado en los datos de afiliación. Todavía es pronto para calibrar sus efectos, pero, en todo caso, su aplicación no ayudará a la creación de empleo, lo cual, con una tasa de paro todavía próxima al 14%, constituye una enorme irresponsabilidad.
En materia de alquileres, el Banco de España alerta de que fijar los precios por ley, tal y como defienden los aliados del PSOE, restringirá aún más la oferta de vivienda, intensificando con ello su encarecimiento. Y en cuanto a las pensiones, su diagnóstico no puede ser más certero, tras avanzar que la financiación del actual modelo de reparto corre serio peligro en caso de que no se pongan en marcha nuevos ajustes y reformas.
Son muchos los organismos, tanto públicos como privados, que han activado las señales de alerta en los últimos meses debido a la desnortada y errónea política económica que ha desarrollado el Gobierno, pero Sánchez y sus ministros han optado por hacer oídos sordos. Las consecuencias se verán tarde o temprano y el problema es que no las pagará Sánchez, sino todos los españoles.