Hace ahora cuatro años, el Partido Popular logró un flojo resultado en las elecciones municipales. Los azules se hicieron con el 24% de los sufragios, un fuerte correctivo frente al 38% que habían alcanzado en los comicios locales de 2011. La cosa fue distinta en la capital de España. Esperanza Aguirre se hizo con el 35% de los sufragios y acarició la mayoría absoluta de la mano de Ciudadanos, pero se quedó a un solo concejal de la alcaldía de Madrid.
Así fue como llegó al poder Manuela Carmena, cuyo gobierno será recordado como un nefasto paréntesis marcado por la propaganda y el desgobierno. Quizá el ejemplo más notorio de su fracaso está en la política de vivienda; prometió 4.500 viviendas municipales, pero solo entregó las llaves de 60 pisos; anunció medidas para abaratar el precio del comprar o alquilar, pero su estrangulamiento de la oferta hizo que los precios aumentasen más de un 40% durante la legislatura; afirmó que no habría más desahucios, pero se registraron más de 12.000 lanzamientos; prometió una vivienda más social, pero terminó en brazos de colectivos okupas; dijo estar comprometida con la transformación urbana de la ciudad, pero bloqueó las grandes operaciones urbanísticas de Chamartín, Plaza de España, Campamento o Vallecas. Difícil hacerlo peor.
Otra cuestión que ha condenado a la derrota a Carmena es su guerra al coche. En los dos primeros años de la legislatura, el Ayuntamiento comunista eliminó 30 kilómetros de carriles para el tráfico rodado y limitó a 30 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido en el 85% de las calles. Luego llegó el protocolo anticontaminación, un engendro que el PP no llegó a aplicar, pero que la extrema izquierda puso en marcha con entusiasmo, reforzando el veto a los coches.
La siguiente vuelta de tuerca fueron los radares y las sanciones, hasta el punto de que en Madrid se producen hoy 8.000 sanciones diarias, a razón de casi 100 euros cada ticket. Pero la traca final llegó a finales de 2018, cuando se prohibió la entrada de vehículos al centro de la capital. Todo esto se justificó apelando a la lucha contra el cambio climático, pero los indicadores de contaminación han subido durante la legislatura, al contrario de lo que pasó en los mandatos anteriores, cuando un tráfico mucho más fluido redundó en menos emisiones contaminantes.
En materia presupuestaria, el gabinete encabezado por Carmena heredó unas cuentas saneadas, con un superávit de más de 1.000 millones de euros. En vez de agradecérselo a su predecesora, Ana Botella, el nuevo gobierno anunció primero el impago y la auditoría de la deuda para, después, romper con las agencias de calificación que evalúan las obligaciones del Tesoro local.
En paralelo, el nuevo gobierno comunista prometió una explosión de gasto que nunca llegó a consolidarse. ¿El motivo? Una bochornosa incapacidad de gestionar los presupuestos de la ciudad que dejó los niveles de ejecución en mínimos históricos. Por cada 100 euros de gasto que prometía Carmena en enero, las cuentas de diciembre arrojaban apenas 30 o 40 euros desembolsados. De manera que, entre la herencia recibida y el fiasco de la ejecución, Carmena terminó amortizando deuda a mansalva. De ese desapalancamiento, las tres cuartas partes fueron aprobadas por Botella, mientras que el resto se explica por la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuya Regla de Gasto obligó a la exjueza a amortizar deuda con todo ese dinero que fue incapaz de manejar según lo prometido.
A pesar del superávit, Carmena optó por subir impuestos y castigar a los madrileños con una presión fiscal municipal cada vez más abultada. Las subidas en gravámenes como el IBI, el ICIO o la Plusvalía Municipal han elevado la recaudación en más de 325 millones. Programas de bonificaciones fiscales a autónomos y empresarios, como Madrid Tax Free, han pasado a mejor vida. Las arcas estaban llenas, pero a los comunistas no les pareció suficiente. Año tras año, los impuestos subieron de forma reiterada.
En 2015, las fuerzas del centro-derecha (PP, Ciudadanos y Vox) sumaron 760.508 votos. Cuatro años de Carmena han sido suficientes para elevar su resultado conjunto hasta los 830.577 sufragios. En paralelo, la suma de Carmena con PSOE e Izquierda Unida sumó 796.658 votos en las pasadas elecciones, frente a los 770.427 del pasado 26-M. Un fiasco en toda regla que abre las puertas a nueva nueva época municipal, liderada por el popular Martínez Almeida, cuya figura empezó a cobrar relevancia pública de la mano de este diario.
Los anteriores puntos describen a la perfección los fracasos de Carmena y marcan el camino a la alianza de PP, Cs y Vox. Hace falta mucha más oferta de vivienda. Hay que terminar con Madrid Central y revertir las restricciones a la circulación. El superávit debe mantenerse, pero hay inversiones pendientes y los impuestos tienen que bajar de forma significativa.
A todo esto hay que sumarle dos tareas más: auditar y purgar la red de subvenciones y "chiringuitos" creada por Carmena y mejorar la limpieza y la seguridad urbana. Conociendo a Almeida, Villacís y Ortega Smith, no me cabe ninguna duda de que, en 2023, todas estas cuestiones habrán mejorado. El mandato de los madrileños es claro y no da lugar a dudas. Madrid quiere ser libre y abierta, no un campo de experimentación de la izquierda más trasnochada, populista e incapaz.