España ha vivido una auténtica revolución fiscal en los últimos años a nivel autonómico, ya que, tras las protestas que han protagonizado miles de contribuyentes en diversas ciudades, son varios los gobiernos regionales que han apostado por reducir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, a imagen y semejanza de la amplia bonificación que instauró Madrid en su día. Sin embargo, las elecciones de este domingo amenazan con revertir esta tendencia.
La continuidad de Pedro Sánchez al frente del Gobierno central y el avance de las coaliciones de izquierda a nivel autonómico podrían revivir esta figura tributaria, ahora en vías de extinción, junto con el Impuesto de Patrimonio, que se restableció durante la crisis de forma temporal, pero que, desde entonces, ha sido renovado año tras año. Uno de los objetivo del PSOE durante la presente legislatura es abordar la postergada reforma del sistema de financiación autonómica y, entre otras medidas, contempla la fijación de un umbral mínimo en Sucesiones, Donaciones y Patrimonio con el fin de frenar la denominada "competencia fiscal" entre territorios.
De hecho, la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue una de las máximas defensoras de la elevación general de estos impuestos a nivel nacional cuando ejercía como consejera del ramo en la Junta de Andalucía bajo la Presidencia de Susana Díaz, cargando especialmente contra la ventajosa tributación que ofrecía Madrid. Ahora que Andalucía disfruta de una de las fiscalidades más bajas en esta materia bajo el gobierno de PP y Cs, todo apunta a que este debate se reabrirá tarde o temprano. Además, si la izquierda se hace con el poder en una plaza tan estratégica como Madrid, la oposición frontal a estas subidas decaerá de forma sustancial.
Asimismo, Podemos no sólo defiende fijar el citado umbral mínimo en todo el país, sino que pretende disparar la fiscalidad en Sucesiones, Donaciones y Patrimonio, minando así la capacidad de ahorro y acumulación de riqueza de las familias españolas. Siendo ésta una de sus principales demandas a nivel programático, la necesidad de alianzas electorales para conformar mayorías bien podría traducirse en un alza generalizada de estos tres tributos, a pesar de que, hoy por hoy, su práctica desaparición se daba por hecha a corto y medio plazo en casi todo el país.
Impuesto de Sucesiones
Aunque se trata de un impuesto cedido por el Estado, las CCAA tienen potestad para aplicar amplias deducciones y bonificaciones, hasta el punto de eliminar en la práctica su cobro. La carga varía de forma significativa entre unas y otras, especialmente si se tienen en cuenta los grupos de parentesco, ya que, si bien los familiares directos (hijos, cónyuges y padres) gozan de importantes bonificaciones, los colaterales de segundo y tercer grado, como primos y nietos, pagan mucho más en caso de heredar.
Valga como ejemplo el siguiente caso, donde se refleja lo que pagaría un soltero de 30 años que hereda bienes de su padre por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del pariente fallecido, tal y como recoge el último informe sobre fiscalidad autonómica elaborado por el REAF. Así, mientras que en Asturias habría que pagar más de 100.000 euros, en Cantabria, Andalucía, Canarias, Madrid y Extremadura la factura sería casi inexistente. La presión social hizo que Aragón y Cantabria se sumaran a la práctica eliminación de este tributo en 2019.
Impuesto de Donaciones
Algo similar sucede con Donaciones. La práctica exención que disfrutan algunas autonomías contrasta con las fuertes mordidas que aplican otras regiones. Tomando como referencia el mismo caso previo, un hijo de 30 años que recibe en vida de su padre 800.000 euros en dinero en efectivo sin un destino específico y sin que tenga ningún grado de discapacidad, las cuantías oscilan considerablemente.
Andalucía merece un comentario aparte, ya que el Gobierno de PP y Cs acaban de aprobar una nueva rebaja, con una bonificación del 99%, de modo que el siguiente gráfico no refleja exactamente la situación vigente en la actualidad. En todo caso, la escasa fiscalidad de Cantabria, Canarias, Madrid o Murcia contrasta con el impuesto que aplican Castilla y León, Extremadura, Aragón, Asturias o Comunidad Valenciana.
Impuesto sobre el Patrimonio
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero restableció el Impuesto sobre el Patrimonio, con carácter temporal, para 2011 y 2012, e introdujo como novedades una exención de 300.000 euros para la vivienda habitual del contribuyente y un mínimo exento de 700.000 tanto para los contribuyentes residentes como no residentes.
Aunque lo previsto, inicialmente, era que este gravamen volviera a estar totalmente bonificado, se ha ido prorrogando anualmente, tanto con el PP como con el PSOE, de modo que sigue vigente, a pesar de que ha desaparecido en la inmensa mayoría de países desarrollados. Y mientras el PSOE lo prolonga en el tiempo, Podemos va mucho más allá y exige dispararlo al 3% para los patrimonios de más de 1 millón de euros (30.000 euros cada año).
A diferencia de otras regiones, la Comunidad de Madrid cuenta con una bonificación del 100%, por lo que ningún contribuyente de este territorio tiene que pagar dicho impuesto. En el resto de autonomías, las cuantías a pagar varían mucho en función del patrimonio que posea el contribuyente, una vez descontados los 300.000 euros exentos de la vivienda habitual. Así pues, las elecciones regionales podrían suponer un punto de inflexión en esta materia, ya que, tras años de rebajas puntuales, pero constantes, los contribuyentes corren el riesgo de tener que volver a pagar o bien pagar mucho más por Sucesiones, Donaciones y Patrimonio.
