Hace ya prácticamente 33 años, se firmaba en el Salón de Columnas del Palacio Real de Madrid el Acta de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, es decir, ratificábamos el ingreso de nuestro país en la Comunidad Económica Europea, lo que más tarde pasó a llamarse Unión Europea. Desde entonces, Europa ha estado en boca de todos y ha sido tema de multitud de debates acerca de muy variopintos asuntos, desde inmigración a seguridad nacional, pasando por la cultura y, por supuesto, la economía.
Este domingo 26 de mayo se celebran unos nuevos comicios europeos, en los que elegiremos a nuestros europarlamentarios para los próximos cinco años, aún sin ser conscientes de la gran importancia de la UE para nuestra economía y sociedad. Porque todos conocemos la UE, pero ¿sabemos realmente cuales son todos los beneficios económicos que aporta a España la integración en el ámbito comunitario?
Estas más de tres décadas han dado para mucho. Hemos evolucionado desde una simple estructura de Mercado Único a una Unión Económica y Monetaria, que dio lugar al euro y al BCE, así como a la libre circulación de personas, capitales y mercancías dentro del Espacio Schengen. Aún con todo el progreso socioeconómico que dichos acuerdos e instituciones han garantizado, actualmente, la UE como institución se encuentra en frágil situación. Más allá de cuestiones identitarias, la UE representa gran cantidad de ventajas para los gobiernos, empresas y trabajadores.
En primer lugar, debemos tener en mente la mayor estabilidad presupuestaria que la UE ha contagiado a la gran mayoría de sus estados miembros. La supervisión y control de las cuentas públicas por parte de las instituciones europeas fue uno de los factores principales que llevaron a España a acometer ciertas reformas estructurales que, seguramente, nunca habrían salido adelante si no hubiese sido por la presión bruselense, como es el caso de la reforma laboral del año 2012.
Otro claro ejemplo de disciplina presupuestaria, o de un marco favorecedor de dicha disciplina, es el caso del Tratado de Maastricht, firmado en 1992, que establece que los estados no podrían exceder un 3% del PIB en términos de déficit, mientras que la deuda pública debería permanecer en niveles inferiores al 60% del PIB. Exceptuando situaciones de recesión económica, tan solo 5 países han cumplido con dicha normativa, lo que ha extendido el Procedimiento de Déficit Excesivo a multitud de naciones, como fue el caso de España, Italia o Grecia, lo cual ayudó a dichos estados a volver a encauzarse, en mayor o menor medida.
En este sentido, la Comisión Europea (encargada de revisar los Presupuestos de los diferentes miembros) ejerce de muro de contención del populismo económico y garantiza la viabilidad de las cuentas públicas, sirviendo como ejemplo el rechazo de la CE a los presupuestos italianos presentados por el gobierno de la Liga Norte.
Por otro lado, la armonización legal y regulatoria en algunos aspectos favorece el comercio al homogeneizar ciertas normas. Un ejemplo lo encontramos en la regulación común a nivel europeo de estándares sanitarios y de calidad de los productos que se importan de terceros países o se comercian entre miembros de la UE. Esta regulación común, sin entrar a debatir si es excesiva o no, facilita que dichos productos entren con mayor facilidad en los países y no se queden en cuarentena en las aduanas de los puertos, a la par que garantiza una mayor seguridad y confianza al consumidor europeo. El Centro Europeo del Consumidor en España llega a afirmar que el nivel de confianza del consumidor se ha incrementado prácticamente un 30% desde la entrada de España en la CEE.
Una tercera ventaja muy relevante de la pertenencia de España a la UE es el incremento del poder de negociación que, de manera conjunta, han obtenido los estados europeos frente a gigantes económicos como EEUU o China. El marco legal común en materia de comercio internacional ha permitido a la CE negociar en bloque acuerdos de libre comercio con países extracomunitarios, como es el caso del TTIP con Estados Unidos (al cual se opone Donald Trump), el Acuerdo de Libre Comercio UE-Japón, ratificado a finales de 2018, o el acuerdo con Vietnam a través de la ASEAN, en negociaciones desde 2007, y que está previsto que entre en vigor a lo largo de este año.
Las relaciones comerciales no son un juego de suma cero, por lo que prácticamente todos los países europeos y extracomunitarios se han beneficiado de dichas facilidades al comercio internacional y de la liberalización de movimiento de capitales, personas y mercancías. Si observamos los datos de comercio global presentados cada año por el Banco Mundial, podremos observar que el peso del comercio sobre PIB a nivel mundial desde 1960 ha pasado de representar el 24% al 57,9% del PIB.
Y, en el caso europeo, ha pasado del 38,8% al 85,3% del PIB, siendo particularmente llamativo el caso de España, pasando del 15,2% en 1960 al 65,7% del PIB en materia de comercio internacional. Gran parte de este progreso se lo debemos a la estructura de Mercado Único de la UE, ya que cerca del 60% de las exportaciones españolas tienen como destino algún país miembro de la Unión Europea.
Mención aparte merece el euro. No todos los miembros de la UE son socios de la eurozona. El euro entró oficialmente en circulación el 1 de enero de 2002 en doce estados miembros de la UE, entre los que se encontraba España. Desde entonces, la moneda comunitaria ha tenido más luces que sombras. Por mencionar algunos aspectos, el euro ha garantizado una alta estabilidad de precios, fácilmente observable en los datos de inflación media.
Mientras la peseta, con datos desde 1960 a 1999, presentaba una inflación media del 7,8%, el euro, desde su introducción en 2002, el IPC medio español ha registrado una subida anual media del 1,8%, facilitando así el ahorro y la inversión a largo plazo. Asimismo, el euro ha servido para unificar el mercado europeo al eliminar los costes de transacción monetaria y las grandes fluctuaciones cambiarias, simplificando a su vez las cuentas al mantener todas en la misma moneda, agilizando con ello la competencia entre países.
Así pies, aún sin ser perfectas, las instituciones europeas han aportado grandes beneficios a la sociedad española, sobre todo en materia económica y, particularmente, en el área de comercio internacional.