El presidente de EEUU; Donald Trump, quiere impedir a las empresas la utilización de dispositivos elaborados por compañías chinas que puedan suponer "un riesgo para la seguridad nacional" siempre que éstas tengan profundos vínculos con el gobierno chino y las leyes puedan requerir que dichas empresas entreguen información si se les solicitara. Este anuncio provocó que Google, siguiendo el dictamen del Gobierno estadounidense, suspendiese los negocios con Hauwei, una de las empresas de alta tecnología china vetadas por el Gobierno de Trump, aunque Washington, finalmente, ha concedido una prórroga de tres meses.
No obstante, la lista negra de empresas chinas se podría incrementar en los próximos días, tal y como informa The New York Times. Ahora el foco se encuentra sobre Hikvision, una de las principales empresas chinas exportadoras de productos de videovigilancia. Además, en este caso también se podría argüir que los motivos que mueven esta decisión tienen que ver, también, con los derechos humanos.
Este hecho se debe a que el Gobierno chino utiliza cada vez más sistemas de vigilancia -incluidos sistemas de reconocimiento facial y cámaras de circuito cerrado- para controlar a su población, y especialmente a la etnia uigures -etnia musulmana que vive principalmente en la región de Sinkiang-. La tecnología necesaria para llevar a la práctica la vigilancia efectiva de la región (que algunos medios internacionales han calificado de "estado policial") es provista por empresas como Hikvision.
La medida contra la empresa china de videovigilancia operaría de manera similar al requisito de licencia de Huawei. El Departamento de Comercio la colocaría en la "lista de entidades" que requieren la aprobación del Gobierno de los Estados Unidos para que las compañías estadounidenses realicen negocios con ellas. Además de Hikvisión, el Ejecutivo de Trump se está planteando imponer sanciones a altos funcionarios chinos específicos que desempeñen un papel fundamental en el sistema de vigilancia en el Sinkiang.
Sin embargo, como señala la propia fuente del The New York Times, no existe unanimidad dentro de la misma Administración americana. Mientras que el Departamento del Estado y el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca están de acuerdo con la imposición de sanciones, los funcionarios del Departamento del Tesoro se oponen alegando que esto podría agravar las negociaciones comerciales entre ambas potencias.