Mientras se predica que el pago de impuestos es una obligación moral que va incluso más allá de lo legal –ahí están los surrealistas reproches a Amancio Ortega porque... podría pagar aún más impuestos–, lo cierto es que, en su afán recaudador, Hacienda no asume ningún compromiso que no sea el de saquear a los ciudadanos y a las empresas.
En este tema, los ciudadanos sufren un verdadero acoso propagandístico. Dado lo que se dice desde el poder y la izquierda, cabría pensar que sólo la Agencia Tributaria puede expedir certificados de patriotismo y ciudadanía ejemplar: no es buen español ni buen ciudadano aquel que no paga todos los impuestos que legalmente tiene que pagar... y también alguno extra, porque no debe uno desgravarse nada.
Por otro lado, la Agencia Tributaria cambia la interpretación de las normas de un año a otro, con el infame propósito de pillar desprevenidos a la mayor cantidad posible de contribuyentes, o perpetra inspecciones terroríficas con amenaza de largos juicios que los inspeccionados saben les supondrían un quebranto económico descomunal.
Hacienda practica al terror fiscal con campañas de amedrentamiento en sectores concretos, cazas ejemplarizantes de famosos y, tal y como cuenta Libre Mercado, cartas con amenazas muy poco sutiles contra los negocios que, por la razón que sea, estén facturando menos que la competencia.
Es llamativa la idea que subyace a esas cartas de la vergüenza: un negocio no puede ir mejor o peor por las circunstancias propias de un mercado, sino que todo se explica por el afán del propietario en ocultar o no al Fisco sus ganancias.
De manera ominosa, la Agencia Tributaria considera al contribuyente un presunto culpable que ha de demostrar su inocencia, toda una aberración que atenta gravemente contra los propios pilares del Estado de Derecho pero que, lejos de ser repudiada como se merece, de forma unánime, cuenta con una legión de defensores, especialmente en la izquierda más enganchada al resentimiento y la envidia.
Diga lo que diga la propaganda izquierdista, en lugar de colaborar felices y contentos a su expolio, los contribuyentes se limitan a sufrir las amenazas, los desmanes y los despropósitos jurídicos de una maquinaria implacable que ni mucho menos tiene por objetivo servir de la mejor manera a la ciudadanía.