José Luis Ruiz Bartolomé es un reconocido empresario inmobiliario que ha conjugado durante años su actividad profesional con una amplia trayectoria en el ámbito de la divulgación. Socio de Chamberí AM, ha colaborado frecuentemente con Libertad Digital y esRadio, así como con el diario Expansión. Además, es autor de dos libros: Adiós, Ladrillo, Adiós y Vuelve, Ladrillo, Vuelve (al alimón con la periodista Susana Burgos). Como ya adelantó Libre Mercado, Ruiz Bartolomé ha fichado por Vox y forma parte de la candidatura de Rocío Monasterio al gobierno de la Comunidad de Madrid.
- ¿Qué le decidió a dar el salto a la política?
En esta legislatura el mercado inmobiliario español ha pasado de la depresión más profunda de los últimos 80 años a un periodo expansivo y boyante. Sin embargo, los políticos que nos han gobernado durante este período no han estado a la altura de la coyuntura. En clave política, han facilitado o mirado a otro lado ante el avance del populismo. En clave económica, han mostrado un preocupante desprecio hacia la propiedad privada. Rocío Monasterio me ofreció la posibilidad de poner en práctica la reflexión y las recetas que he ido acumulando en estos años. La verdad, no no me lo pensé dos veces. Uno de los pilares de Vox es la defensa de la propiedad privada, que es uno de los pilares de las democracias liberales.
- ¿Cree que los otros dos partidos asociados con el centro-derecha, PP y Ciudadanos, han fallado en la defensa de la propiedad privada?
La legislación penal vigente es muy blanda en la okupación ilegal de viviendas. Sale mucho más caro robar un televisor en una tienda de electrónica que usurpar una casa. Rajoy gobernó cuatro años con mayoría absoluta y negoció con Ciudadanos todo lo aprobado hasta la moción de censura. ¿Podemos culpar a Sánchez de la inacción ante los okupas si han sido PP y Cs? Solo durante el último año, pero desde 2012 hasta mediados de 2018 la responsabilidad recayó en PP y, posteriormente, PP y Cs.
Otra cuestión que merece la pena recordar es la lentitud y desidia que han mostrado ambos partidos a la hora de impulsar y aprobar una ley nacional que contribuya a generar seguridad jurídica en la tramitación de procesos urbanísticos. Esa ley se frustró con la llegada de Sánchez, tras años de bloqueo.
Y la cosa no acaba aquí. Bajo gobierno del PP, el ministro Cristóbal Montoro sometió al sector inmobiliario a un auténtico infierno fiscal y regulatorio: eliminación de coeficientes de corrección monetaria, revisión al alza de los valores catastrales, etc. En resumen, PP y Cs han fallado a la hora de defender la propiedad privada.
- ¿Qué valoración hace, entonces, de la gestión del PP en la Comunidad de Madrid en lo tocante al urbanismo y la vivienda?
No tengo problema en reconocer que la ley del suelo vigente en Madrid es razonablemente buena. No creemos que sea lo más urgente sustituirla por otra nueva. Lo que es curioso es que PP y Cs no parecen pensar lo mismo. Han estado toda la legislatura redactando y tramitando una nueva ley que era mucho más restrictiva que la actual. Por ejemplo, pretendía ir hacia atrás, reclasificando como suelo no urbanizable el que actualmente está clasificado como urbanizable no programado. Que durante estos cuatro años estos dos partidos no hayan sido capaces de ponerse de acuerdo en estas cuestiones no es un buen síntoma en lo tocante a la acción de gobierno, pero sí es una buena noticia que esa falta de entendimiento haya evitado la aprobación de esta norma.
- Pero entonces, ¿Vox dejará la regulación tal y como está?
¡En absoluto! Como decía, la ley del suelo de Madrid está razonablemente bien, pero no se ha desarrollado desde que se aprobó hace ya dieciocho años. El principal problema del mercado inmobiliario es la inseguridad jurídica. Pues bien, el hecho de que la ley no cuente con reglamentos de gestión, de ordenación o de disciplina urbanística está generando una inseguridad jurídica terrible en el sector. Todos los planes de actuación acumulan retrasos intolerables y, lo que es peor, muchos de ellos terminan judicializados.
Además, la ley actual no contempla adecuadamente la protección del suelo no urbanizable, hasta el punto de que hoy en día la infracción por edificar en zona rústica prescribe a los cuatro años, como si la gravedad de dicho incumplimiento fuese la misma que el acristalamiento indebido de una terraza o de un ático. ¿Cómo es esto posible?
Igualmente, hay una disposición vigente que permite, sin mayores exigencias, ejecutar instalaciones deportivas en suelo rústico. O sea, que si quieres hacer un cobertizo para aperos necesitas impulsar un expediente urbanístico largo y complicado, pero si pretendes reproducir el Metropolitano en pleno Guadarrama no hay problema... Verdaderamente nuestro patrimonio está claramente desprotegido y hay mucho por hacer. Hay que liberalizar el sector y ser tajantes en esa minoría de suelo que sí debe ser salvaguardado.
- Los precios de la vivienda y del alquiler han subido en los últimos años. ¿Le parece adecuada la respuesta de control y limitación de precios que se está proponiendo desde los Ayuntamientos controlados por la izquierda?
Es un verdadero disparate. La izquierda siempre funciona igual: primero interviene creando un problema, después se confirma el fracaso de su apuesta, pero ese mal resultado les da argumentos para decir que hay que intervenir más. Así una y otra vez, hasta el infinito y más allá.
El alquiler se ha disparado por dos razones. La primera es la falta de oferta. En cuatro años, el Ayuntamiento de Madrid no ha sido capaz de proporcionar nuevo suelo para crear más viviendas. Además, están demorando hasta niveles tremendos el tiempo de espera para la concesión de nuevos permisos de construcción. Se está superando el año y medio de espera, cuando la ley establece un plazo máximo de tres meses. Eso supone conceder los permisos seis veces más tarde de lo permitido.
- ¿Qué opina de la paralización, una vez más, de la Operación Chamartín?
Lo que ha quedado claro es la total inoperatividad de la izquierda para sacar este proyecto adelante. Y es que, lo que ha reventado la operación han sido las pugnas internas de la izquierda. Su paralización se traducirá en una mayor escasez de suelo y una menor oferta de vivienda, con el consiguiente alza de los precios. Luego vendrán con que quieren limitar los precios. Claro, si los suben ellos...
- ¿Qué defiende Vox para facilitar la salida al mercado de más viviendas?
En Vox vamos a acabar con todo eso de manera radical. Vamos a desbloquear los planes de desarrollo y a modernizar la administración para tramitar las licencias usando nuevas tecnologías, además de recurrir figuras como la declaración responsable o la colaboración con los colegios profesionales.
- Me ha hablado de la oferta, pero ¿no hay nada que hacer con la demanda?
Casi toda la demanda de vivienda va al alquiler. Antes se repartía entre compras y arrendamientos. Y la demanda que podemos considerar solvente, es decir, que en cualquier otro momento de la historia reciente de España habría accedido a una hipoteca, hoy encuentra que, después de la crisis, no recibe financiación para la compra de vivienda, sobre todo por las restricciones en materia de regulación bancaria que introdujo Basilea III.
En Vox hemos trabajado este tema para configurar una propuesta que facilite el acceso a la propiedad a familias solventes que carecen del ahorro necesario según dichas regulaciones. Lo queremos hacer con un aval de hasta el 20% del precio de compra, por un máximo de 45.000 euros. Se haría siempre asumiendo una acreditada solvencia y, lógicamente, manteniendo la tasa de esfuerzo dentro de la franja recomendada. Esta medida descongestionará el mercado del alquiler y facilitará la compra.
Además, tendrá otros efectos positivos para la sociedad, como el fomento de la natalidad, adelantando la edad media del primer hijo, o la creación de una hucha para la vejez, puesto que el inmobiliario servirá como inversión para las generaciones más jóvenes, que son precisamente las que tendrán más dificultades a la hora de cobrar unas pensiones como las que hoy perciben nuestros mayores.
- Todos los partidos están prometiendo miles de viviendas para jóvenes y otros colectivos. ¿Y Vox?
Desde Vox no hemos dado ninguna cifra porque no nos gusta este juego en el que nadie sale bien parado. Lo cierto es que el Ayuntamiento de Madrid prometió 4.200 viviendas y sólo ha entregado las llaves de 63 pisos. La CAM ha hecho trescientas y pico, pero el PP ahora promete 25.000. ¿Por qué no las hicieron antes? No es serio.
Le voy a decir una cosa: sí que vamos a hacer vivienda social. Todas las que podamos, que son muchas, porque hay infinidad de suelo en cartera. Pero de ninguna manera lo vamos a hacer a través de empresas municipales o entes públicos, que son nidos de ineficiencia, de colocación, de corrupción y de amiguismo
- ¿Entonces?
Hay una manera más rápida y eficaz de sacar toda esa vivienda pública al mercado del alquiler. Lo haríamos a través de concesiones a largo plazo a empresas privadas. Empezaremos desde el minuto dos, porque el uno será para auditar, adelgazar y despolitizar las empresas públicas.
Y le voy a decir algo más. Sacar adelante toda esa vivienda es fundamental para que el mercado de alquiler de vivienda libre sobreviva, porque el famoso decretazo de Sánchez parte de que no existe un parque suficiente de vivienda social y toma dicho argumento como excusa para cargar de obligaciones a los propietarios particulares. Vox acabará con todo eso en la Comunidad de Madrid.