Las plataformas antidesahucios protagonizaron un escrache a la candidata de Cs a la Alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, la semana pasada, aprovechando su asistencia a la Pradera de San Isidro para celebrar la festividad de la capital. El acoso, ya bochornoso de por sí, levantó una gran polvareda debido al avanzado estado de gestación de Villacís.
Sin embargo, lejos de arrepentirse, los escracheadores de la candidata justificaron este ataque por boca de Alejandra Jacinto, su abogada y portavoz, tras señalar que "no hacen excepciones con embarazadas". Sin embargo, sus respuestas fueron mucho más difusas e inconcretas cuando se le preguntaba por el hecho de que no le hicieran un escrache a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, que, entre otras promesas, se comprometió a acabar con los desahucios al llegar al Ayuntamiento.
Sea como fuere, la cuestión es que Jacinto es socia y cofundadora del despacho CAES, muy activo en todo lo relacionado con la defensa de las plataformas antidesahucios, y que, curiosamente, también ha recibido dinero público del Ayuntamiento de Madrid. Así, tal y como desvela el portal de Transparencia del consistorio (páginas 32, 47 y 109), esta entidad ha recibido un total de 48.000 euros en menos de un año a través de contratos menores.
- 27 de septiembre de 2018: Asesoramiento jurídico sobre alquiler para personas en vulnerabilidad social por casi 16.000 euros.
- 18 de enero de 2019: Asesoramiento jurídico sobre alquiler para personas en vulnerabilidad social en el distrito Centro por valor de casi 18.000 euros.
- 7 de febrero de 2019: Asesoramiento jurídico sobre alquiler para personas en vulnerabilidad social en el distrito de Latina por otros 15.000 euros.
En total, cerca de 48.000 euros en menos de un año mediante contratos menores, cuya adjudicación es directa. En caso de renovarse, la cantidad percibida ascendería a cerca de 100.000 euros por un servicio que apenas supone media jornada, tal y como reflejan los carteles donde se anuncia la citada asesoría jurídica gratuita en materia de alquiler, desahucio por impago o subida de rentas.
Las adjudicaciones otorgadas por el Ayuntamiento de Madrid a asociaciones y movimientos afines se han disparado bajo el gobierno de Carmena, hasta el punto de que fueron denunciadas por los partidos de la oposición ante la Fiscalía Anticorrupción por alimentar una red clientelar "dirigida a privilegiar a un determinado grupo de personas cercanas en lo personal y en lo ideológico, frente a quienes no sean satélites de su proyecto".
No es algo nuevo. Íñigo Errejón, el candidato de la plataforma que lidera Carmena para la Comunidad de Madrid, ya avanzaba esta estrategia política en 2017, cuando en un acto con militantes de Podemos confesaba que los "ayuntamientos del cambio" debían crear estructuras paralelas financiadas con dinero público para colocar a los militantes y simpatizantes de la formación comunista. Hay que "dejar sembradas instituciones populares para refugiarse cuando gobierne el adversario", indicaba.
Jacinto, que ha concedido entrevistas a varios medios de comunicación, participa también en el think tank anticapitalista "Fundación de los Comunes" y siempre se ha caracterizado por sus duras críticas hacia PP y Cs. El Ayuntamiento de Madrid, sin embargo, no es objeto de las protestas y escraches de las plataformas antidesahucios.