España sigue encabezando la lista de países con el precio de la electricidad más caro de Europa, con más de 0,19 €/kWh en 2018 para el consumidor doméstico antes del pago de impuestos, según los últimos datos de Eurostat. Tan sólo Irlanda y Bélgica superan dicho precio, aunque con la particularidad de que la renta per cápita en ambos países es muy superior a la española, de modo que, en términos relativos, las familias y empresas nacionales soportan un mayor coste eléctrico que irlandeses y belgas, al tiempo que dicha carga es un 40% superior a la media de la zona euro.
La comparación es aún más odiosa si se tiene en cuenta que en 2007, hace algo más de una década, el precio rondaba los 0,11 euros, en línea con la media comunitaria y por debajo de potencias como Reino Unido, Francia o Alemania. Aunque el dato más significativo es que España ha experimentado la mayor subida de la luz del continente en este período.
¿A qué se debe entonces este aumento? La extrema izquierda, como suele ser habitual, apunta su dedo acusador hacia las malvadas eléctricas y sus abultados beneficios, especialmente ahora que están inmersos en plena campaña electoral, para explicar tal incremento y, ya de paso, justificar la necesidad de crear una gran energética pública, en manos de políticos, cuya ruina para el contribuyente estaría asegurada, a imagen y semejanza de lo sucedido con las quebradas cajas de ahorros.
Sin embargo, la realidad del sector energético español no puede estar más alejado de dicho diagnóstico. Dos son los factores clave que han impulsado al alza el precio de la luz en los últimos quince años. Por un lado, el fomento de las energías renovables a través de la concesión de generosas primas, cuyo alto coste se incluye en la factura eléctrica de todos los consumidores. Y, por otro, el fuerte aumento que ha experimentado el precio de las emisiones de CO2 en el último año y medio, consecuencia de las nuevas restricciones medioambientales que implantará la UE.
Aunque el recibo de la luz es, sin duda, todo un misterio para la inmensa mayoría de los consumidores debido a su complejidad, su estructura se divide, a grandes rasgos, en tres partes claramente diferenciadas:
- Precio real de la energía (pool): esto es lo que cuesta producir electricidad en el mercado mayorista y representa, aproximadamente, el 30% del precio final, según la CNMC.
- Peajes de acceso (precio regulado): aquí se incluye el coste de transportar y distribuir la energía (actividades reguladas por el Estado), pero también la moratoria nuclear de Felipe González, los planes de eficiencia y ahorro energéticos, los sobrecostes de la electricidad en Canarias y Baleares, las primas para el carbón nacional, las primas a las energías renovables y la cogeneración, así como la financiación del déficit de tarifa de años previos. Su peso en el recibo ronda el 50%.
- Impuestos: la electricidad está gravada con impuestos especiales e IVA, que representan cerca del 20% del precio final de la luz.
Así pues, la mayor parte del recibo que abonan familias y empresas no depende del mercado, sino de decisiones políticas que poco o nada tienen que ver con la producción de energía, al tratarse de subvenciones, indemnizaciones e impuestos. Además, una vez excluido el pago de tributos, tal y como refleja el precio que recoge Eurostat, se observa que las primas renovables y las emisiones de CO2 explican, en gran medida, la citada subida de la luz.
En primer lugar, los costes regulados se han más que duplicado desde 2007, pasando de poco más de 8.000 millones al año a cerca de 17.000. Y la principal razón estriba en las famosas primas renovables, cuyo peso dentro de los peajes de acceso se ha llegado a multiplicar por tres.
El coste de las primas llegó a rondar los 9.000 millones de euros en 2013 para, posteriormente, caer hasta los 7.000 millones actuales. Si se suman todas las subvenciones destinadas a las energías renovables, el importe supera la estratosférica cifra de los 100.000 millones de euros, tal y como recoge Javier Sevillano.
Por el contrario, el precio del mercado mayorista, si bien ha sufrido fluctuaciones, se mantuvo más o menos estable desde 2007 hasta 2016, hasta el punto de que en ese último ejercicio el coste de producir electricidad fue más bajo que diez años atrás (42,19 €/MWh en 2007 frente a 39,7 en 2016). Pese a ello, el precio medio de la luz que pagaron los consumidores españoles rozó los 0,18 €/kWh a cierre de 2016, casi un 60% más que en 2007.
En los dos últimos años, sin embargo, el precio del pool ha escalado por encima de los 50 €/MWh, elevando aún más la factura para el consumidor final, hasta rondar los 0,20 €/kWh. Y más allá de la subida que han experimentado algunas materias primas como el petróleo o el gas, una de las causas más relevantes de esta reciente evolución es el mayor coste de las emisiones de CO2. Tal y como revela el último informe del mercado eléctrico que ha elaborado el Grupo ASE, asesoría dedicada a defender los derechos e intereses de los consumidores de energía, el mercado mayorista cerró el pasado mes de abril con un precio medio de 50,41 €/MWh, un 18,1% más que hace un año y hasta un 38,3% por encima de la media del último lustro (36,45 €/MWh). Como resultado, el pool de los últimos doce meses se sitúa en 59,62 €/MWh.
Y la clave, en este caso, es que el precio de los derechos de emisión de CO2 no ha dejado de aumentar, hasta situarse en 26,2 euros por tonelada el pasado abril, frente a los 4,6 de hace dos años, lo cual supone un incremento del 473%.
Tanto el reciente encarecimiento del mercado mayorista como su elevada volatilidad se explican por las políticas europeas para la descarbonización de la economía, según aclaran los analistas de dicha entidad. La exigencia de reducir las emisiones de CO2 y las nuevas restricciones que pondrá en marcha la UE, junto al desarrollo de un mercado de cotización abierto, donde intervienen agentes que no adquieren estos permisos para utilizarlos, sino como productos de inversión para revenderlos, ha hecho que su precio se dispare en el último año y medio. Lo que sucede es que Europa está consiguiendo su objetivo, que no es otro que pagar por emitir CO2, lo cual, como es lógico, acaba traduciéndose en una electricidad más cara.
El elevado coste del CO2 expulsa del mercado a las centrales térmicas, que producen energía quemando carbón. En concreto, su coste de generación sube en 0,9 €/MWh cada vez que el precio del CO2 crece en 1 euro por tonelada, expulsándolo así del mercado. "Con el actual nivel de precios en los que se encuentran los certificados de CO2, a una central térmica le resulta más atractivo vender su certificado que ejercerlo", explican desde Grupo ASE. Y el hueco de la térmica lo pasan a ocupar los ciclos combinados (gas), cuyo coste de producción también se ve incrementado por el CO2, a un ritmo de 0,45 €/MWh por cada euro extra que suba la tonelada de CO2.
Y es que, en el fondo, lo único que busca la "descarbonización" que imponen políticos y ecologistas es, precisamente, encarecer la luz de forma artificial para, en primer lugar, expulsar del mercado a la generación con combustibles fósiles y, por otro, incrementar el atractivo de las renovables, cuya rentabilidad crece al calor de una electricidad cara. Si a todo ello se le suma el incompresible rechazo que existe en España a la energía nuclear, la más barata, eficiente y limpia, el resultado es un coste eléctrico creciente para familias y empresas, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo y competitividad. No en vano, "una empresa mediana, como podría ser una fábrica de cartón, que consumiera 5 GW de electricidad al año, habría abonado 25.000 euros más en 2018 solo por el encarecimiento del pool directamente asociado al coste del CO2, del 9%. Si tenemos en cuenta los impuestos, la cifra rondaría los 30.000 euros", concluye el informe.
No culpe, pues, a las eléctricas. Los únicos responsables de semejante despropósito son políticos y ecologistas.