Aunque España registró un superávit presupuestario en los albores de la Gran Recesión, las cuentas públicas del Reino se han teñido de rojo desde 2008 y siguen instaladas en un déficit crónico. El pasado año, sin ir más lejos, el déficit alcanzó el 2,6% del PIB, lo que supuso un agujero de casi 32.000 millones de euros.
Parte del desbarajuste se debe a las comunidades autónomas, que se han desviado un 54% del objetivo de gasto fijado por Hacienda. Aunque el gasto debía subir un 2,4% como máximo, el repunte de los desembolsos se ha situado en el 3,7%. Según los cálculos preliminares, solo Castilla y León, Madrid y Galicia cumplieron con los límites establecidos.
También el gobierno central está contribuyendo a consolidar el desaguisado. No ha que olvidar que la subida del gasto público bajo gobierno de Pedro Sánchez ha sido tres veces mayor que en el promedio de la Unión Europea. No en vano, el crecimiento del gasto fue un 33% mayor desde que el dirigente socialista alcanzó el poder.
La tónica se ha mantenido en los tres primeros meses del año. Según datos del ministerio de Hacienda, los ingresos se han mantenido relativamente estancados entre enero y marzo, de manera que el fisco recibió cerca de 45.600 millones de euros en el arranque de 2018 y algo más de 46.000 millones en el primer trimestre de 2019.
Este tímido aumento de los ingresos contrasta con un crecimiento mucho más fuerte de los gastos. En enero-marzo de 2018, los desembolsos de las Administraciones Públicas se situaron por encima de los 49.800 millones de euros, mientras que en el mismo período de 2019 se superaron los 52.800 millones de euros.
Así las cosas, mientras los ingresos suben apenas un 1%, los gastos aumentan un 6%, lo que supone un deterioro del saldo fiscal superior a los 2.500 millones de euros. Por cada 1 euro de ingresos extra hay 6,6 euros de gasto adicional.
