A lo largo de las cuatro últimas décadas, España ha experimentado un proceso de hiperregulación, motivado primero por la acumulación de normativas a nivel estatal y acrecentado después por la fragmentación que provocan las distintas leyes introducidas por los gobiernos autonómicos y las Administraciones locales.
Según datos de Foro Regulación Inteligente, entre 1976 y 2016 se han publicado más de 35.000 normas de rango estatal. Además, las comunidades autónomas emiten un promedio anual de entre 200 y 300 nuevas leyes y decretos, lo que añade entre 700.000 y 800.000 páginas de regulación cada curso. Por si esto no fuese suficiente, la Unión Europea introduce cada año alrededor de 2.000 reglamentos, directivas y decisiones, que se suman a los 105.000 acuerdos o estándares que requiere Bruselas a todos sus socios.
Esta tela de araña regulatoria ha empujado a España al puesto 86 del ranking del Banco Mundial que mide la facilidad para abrir un negocio. En consecuencia, no sorprende que la CEOE estime que el PIB español podría aumentar un 4,5%. Dicha cifra equivaldría a 55.000 millones de euros de producción extra, lo que supone 2.970 euros por hogar.
Este asunto entró en campaña de la mano de los tres partidos de centro-derecha. Vox sugirió la eliminación de cinco normas por cada ley o decreto aprobado, el PP planteó la armonización de las leyes existentes en el plano autonómico y Ciudadanos incluyó en su programa el compromiso de garantizar la unidad de mercado. Sin embargo, el triunfo del PSOE parece haber descarrilado las opciones de que este tipo de reformas salgan adelante.
Un triste párrafo
Así queda de manifiesto en el Programa Nacional de Reformas que ha enviado Moncloa a Bruselas y que apenas dedica un párrafo a la "mejora de la calidad de la regulación económica". El gobierno reconoce en el documento que la calidad de la regulación "es básica para el buen funcionamiento de los mercados" y también admite que es preciso crear "un marco de cooperación y coordinación de las acciones y reformas de política económica entre todas las Administraciones".
Sin embargo, el único compromiso que anuncia el PNR en materia de mejora regulatoria es la constitución de una Conferencia Sectorial que presidirá el ministerio de Economía y que, según los planes del Ejecutivo "favorecerá la aplicación de los principios incluidos en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado". Un Brindis al Sol que se aleja notablemente del compromiso reformista que habían manifestado PP, Cs y Vox en las semanas previas a las elecciones.