Se llama Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, pero es conocido popularmente como el numerito del coche. Este tributo local es obligatorio para cualquiera que posea un vehículo en propiedad y que esté apto para circular por la vía pública con su correspondiente matrícula y con independencia de quién sea el conductor.
De media, las capitales de provincia en España ingresan 47 euros por habitante por este impuesto, sin embargo, lo habitual es que obtengan unos ingresos superiores. Por ejemplo, Teruel ingresa 72,6 euros por habitante con el numerito y Vitoria, 67,7 euros.
En el otro lado de la tabla está Ceuta, que recauda 24,7 euros per cápita y Melilla, con 19 euros. En este gráfico del REAF pueden verse los 10 municipios que más recaudan por habitante en España. Aunque el ránking está directamente relacionado con el impuesto que cobran sus ayuntamientos, depende también del parque de turismos que tengan las diferentes ciudades.
En el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica los contribuyentes pagan las tarifas existentes junto con el corrector que aplica cada ayuntamiento en la ordenanza fiscal, y que no puede ser superior a 2. Las cuotas dependen de los caballos fiscales que Hacienda le aplica a cada vehículo según su motor. En la tabla pueden verse las cuotas generales para los turismos.
Pero los ayuntamientos tienen la potestad de aplicar diferentes bonificaciones en el numerito. Gracias a ese poder, muchos alcaldes españoles han decidido rebajar el tributo a la mínima expresión, convirtiendo sus territorios en auténticos paraísos fiscales para el automóvil.
Pueblos con más coches que habitantes
La prueba de que su estrategia ha dado sus frutos puede verse en casos como el de Robledo de Chavela, en la Comunidad de Madrid. A pesar de sus poco más de 4.000 habitantes, este pueblo de la Sierra, matriculó más de 54.000 vehículos nuevos en 2018, según los últimos datos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Pero Robledo de Chavela no es la única población con más coches que personas en España, en la siguiente tabla, se recogen otros ejemplos de este singular fenómeno.
En la Comunidad de Madrid pueblos como Moralzarzal, Rozas de Puerto Real o Venturada destacan por la oleada de matriculaciones en su territorio. Sarratella (Castellón) o Puebla de San Miguel (Valencia) llaman la atención por el número de coches registrados teniendo en cuenta su población. Allí salen a más de 90 coches por vecino.
"Con el numerito se ha producido una competencia fiscal a la baja entre ayuntamientos que ha logrado atraer a flotas de vehículos o empresas de alquiler de coches a esos municipios", explica el secretario técnico del REAF, Luis del Amo. "Aunque es una práctica legal, no tiene mucho sentido porque esos coches igual no han pasado por esos pueblos nunca y la naturaleza del impuesto debería ser medioambiental. Los vehículos deberían pagar en los territorios donde se produzca el daño al medioambiente", considera el experto. "Antes, se gravaban los coches porque eran un símbolo de riqueza, ahora, esto no es así, y se está empezando a mirar con criterios medioambientales", explica.
El conductor particular no se beneficia
Así, de esta especie de picaresca, son las empresas las principales beneficiadas, "ya que con sólo abrir una sucursal en el pueblo, sin actividad o empleados" pueden pagar menos por sus vehículos, explica el presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo. Sin embargo, para beneficiarse de este ahorro fiscal, los conductores particulares se tendrían que empadronar en el municipio en cuestión, lo que les exigiría tener un domicilio en el pueblo, y claro, no les compensa.
"Las empresas de renting se ahorran una cantidad importante de dinero y los ayuntamientos reciben unos ingresos importantes sin que sufran molestia alguna, ya que esos coches no pisan el pueblo nunca. Si lo hicieran, ¡no habría ni sitio para aparcar!", exclama. El experto no duda en afirmar que "los ayuntamientos han ejercido una labor comercial de caza del contribuyente con estas empresas de renting".
Mario Arnaldo recuerda que el numerito, "se empezó a llamar así hace 40 años, cuando los coches tenían que llevar el número pegado al parabrisas", y también recuerda cuando los ayuntamientos empezaron a competir fiscalmente entre ellos. "Surgió en el año 2000, con el cambio que identificaba las matrículas de los coches con las provincias", cuenta. ¿Y por qué municipios cómo Madrid, teniendo alrededor tantos pueblos con impuestos bajos, no rebaja la fiscalidad para atraer a esas empresas que se le están escapando? se preguntarán. Arnaldo lo tiene claro: "Madrid se nutre de los conductores particulares, que son muchos, y no va a arriesgarse a perder esos ingresos bajando el impuesto".
La diferencia entre tener un coche matriculado en Madrid o tenerlo en Rozas de Puerto Real o Venturada no es baladí. Por ejemplo, por un Seat Leon estándar en la capital pagarías 59 euros, mientras que en estos dos pueblos sólo te cobrarían 8,52 euros. Para una compañía que matricule 30.000 coches al año, en Madrid le exigirían 1.770.000 euros por el numerito de todos, mientras que en Rozas de Puerto Real o Venturada sólo tendrían que pagar 255.600 euros. El ahorro es más que considerable. En este enlace puedes ver los caballos fiscales que tiene tu vehículo.
Se avecina una subida
El presidente de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) va en la misma línea de Luis del Amo al afirmar que "la potencia fiscal no vale para nada". Para Mario Arnaldo, el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, "como está concebido, no tiene razón de ser, salvo un interés meramente recaudatorio. A los ayuntamientos les interesa porque es un impuesto que cobran ellos directamente sin tener que esperar a que el Estado les haga ningún ingreso. En lugar de gravar el daño medioambiental que hace el coche, gravan al automovilista por tener un bien".
Parece que el Gobierno de Pedro Sánchez también lo entiende como ellos, ya que en su guerra contra la gasolina y el diésel pretende subir este impuesto en el caso de los coches más contaminantes. No hay que olvidar que este tipo de medidas afectan a las rentas más bajas, que suelen ser las que tienen en propiedad los coches más antiguos y a las que más les va a costar cambiar de vehículo. Un efecto que contradice los principios de justicia social que tanto se esfuerzan en proclamar los socialistas.