El Gobierno obliga a las empresas a registrar diariamente la jornada laboral, bajo la sospecha de que en España hay trabajadores que realizan una mayor cantidad de horas extra a las máximas permitidas anualmente -80 horas-, un 48% de las cuales no se remuneran. Por tanto, esta medida busca que no se realicen más horas extra de las permitidas y que se remuneren, permitiendo también elevar los ingresos de las arcas públicas vía cotizaciones sociales.
Sin embargo, la regulación de las horas extra y su pago podría conducir a situaciones no deseadas, tal y como muestra un reciente estudio publicado por el prestigioso Instituto del Trabajo (IZA) -institución internacional que "tiene como objetivo respaldar la formulación de políticas basadas en la evidencia y aumentar la conciencia sobre los problemas del mercado laboral"-. En el mencionado artículo se hace una revisión de la literatura académica disponible en relación con este tipo de medidas, señalando que el efecto de la regulación de las horas extra sobre el empleo podría ser negativo, es decir, podría llevar a un incremento del paro.
Esta conclusión se basa en que dichas regulaciones, si bien podrían hacer que los trabajadores hagan menos horas extra -al controlar mejor que no se sobrepasen las horas máximas que fija la ley- y, por tanto, el empresario deba contratar a más trabajadores, lo que a priori incrementaría ligeramente el empleo, también hace que algunos trabajadores reaccionen en busca de más de un empleo -compitiendo así con los desempleados-, lo que "socava" la idea intuitiva, pero errónea, de que mediante una menor cantidad de horas extra se consiguen crear nuevos puestos a través del trabajo compartido.
A esto se le une el hecho de que no todos los empleados son iguales. No se puede afirmar que al reducir la jornada laboral de un trabajador, el empresario pueda contratar a otro con habilidades equivalentes. De hecho, según este estudio, "la evidencia empírica sugiere que los empleados que trabajan horas extras tienen habilidades mucho más altas que los que no lo hacen". Es decir, que es mucho más difícil sustituirlos por otros con habilidades productivas menores. Este hecho también se da en España, donde el grupo de trabajadores con una cantidad mayor de horas extra se concentra en técnicos y profesionales científicos e intelectuales.
Otro argumento que aporta el artículo es que el ajuste de las horas extra por parte de las empresas se debe, en gran medida, a cómo responden éstas a las fluctuaciones económicas cíclicas. Por tanto, restringir esta capacidad de las empresas para amortiguar las fluctuaciones económicas con horas extras "tendrá un impacto negativo en el empleo total".
Finalmente, la medida del Ejecutivo, al permitir que los empleados tengan acceso a la jornada laboral realizada, podría facilitar la reclamación judicial por las horas extra no remuneradas, lo que, seguramente, provoque aumentos de los costes laborales, con el consiguiente descenso de la contratación.
En resumen, puede ser interesante, antes de embarcarse en un control efectivo de las horas extra, permitir cierta flexibilidad de éstas al no haber "evidencia creíble de fallas del mercado lo suficientemente graves como para justificar regulaciones agresivas de horas extra", concluye el estudio. En caso contrario, los efectos sobre el empleo podrían ser nocivos.