"En este mundo nada es seguro, excepto la muerte y los impuestos". Esta gran verdad pronunciada por Benjamin Franklin, uno de los padres fundadores de EEUU, toma una relevancia aún mayor en el caso de España, ya que aquí Hacienda persigue a los contribuyentes hasta la tumba e incluso más allá con el infame Impuesto de Sucesiones, también conocido como "impuesto a la muerte". Este tributo vive en la actualidad sus horas más bajas, puesto que ya son numerosas las comunidades autónomas que han decidido bonificarlo al 99% o, como mínimo, reducirlo de forma sustancial, tras las protestas que han protagonizado decenas de miles de personas exigiendo su eliminación.
Sin embargo, el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, en pleno proceso de extinción, amenaza con revivir de aquí a poco tiempo tras las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. El inicio del fin de esta figura comenzó en Madrid bajo la Presidencia de Esperanza Aguirre. Por entonces, y pese a tratarse de un impuesto cedido, los Gobiernos autonómicos preferían no competir fiscalmente entre sí para, de este modo, poder seguir sangrando a sus contribuyentes sin el más mínimo impedimento, hasta que llegó Aguirre y optó por abolir su cobro entre los familiares directos.
Ese movimiento obligó a reaccionar al resto de autonomías, que o bien siguieron los mismos pasos de Madrid o bien patalearon exigiendo al Gobierno central que impusiera un umbral mínimo a nivel nacional para evitar una inexistente y falsa "competencia desleal" a fin de frenar el éxodo de contribuyentes que empezaban a sufrir. Desde entonces y hasta ahora, la primera reacción ha sido la predominante, dado que, una por una, Andalucía inclusive, han ido reduciendo o eliminando Sucesiones, pero todo podría cambiar de aquí a pocos meses. El PSOE de Pedro Sánchez y sus más que probables socios de gobierno, con Podemos y separatistas a la cabeza, abogan por resucitar este impuesto, tanto a nivel nacional como autonómico.
El PSOE está dispuesto a establecer un tipo mínimo en el conjunto del país aprovechando la reforma del sistema de financiación autonómica, lo cual se traducirá en una fuerte subida en aquellas regiones que habían decidido enterrar este tributo. Podemos, por si fuera poco, pretende disparar su capacidad recaudatoria mediante fuerte subidas fiscales y la ampliación de la base imponible. Y si a todo ello se suma la connivencia de las regiones que pasen a estar gobernadas por el PSOE, el regreso del Impuesto de Sucesiones y Donaciones será un hecho en la presente legislatura. No en vano, el candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ya ha anunciado esta semana que su objetivo es restaurar este funesto tributo en caso de llegar a gobernar.
El Impuesto de Sucesiones es, simple y llanamente, un robo. En primer lugar, porque supone una doble y triple tributación, puesto que el patrimonio afectado ya ha pagado sus correspondientes impuestos. Y, en segundo término, porque supone quitarle a los herederos lo que tanto esfuerzo, trabajo y ahorro le supuso acumular en vida al titular de dichos bienes, hasta el punto de protagonizar auténticos dramas tanto a nivel personal como financiero, lo cual supone una injusticia y una indecencia. El único destino de este infame tributo debería ser su extinción permanente e irrevocable, tal y como ha sucedido en otros muchos países, pero está visto que el latrocinio forma parte de la naturaleza política de la izquierda española.