A lo largo de la precampaña que sirve de antesala para las próximas elecciones municipales, Manuela Carmena se ha visto obligada a responder por el nefasto bagaje de su gobierno en materia de vivienda. Y es que, bajo mandato de la ex jueza se han producido miles de desahucios, se han multiplicado los delitos de okupación y se ha disparado el precio de la vivienda.
Este asunto preocupa especialmente a la candidata a la alcaldía de Ciudadanos, Begoña Villacís, quien ha criticado en repetidas ocasiones las trabas impuestas por el gobierno de Manuela Carmena a los promotores que pretenden desarrollar viviendas privadas en la capital de España. Estos obstáculos han frenado o retrasado la salida al mercado de 135.000 viviendas, con el consecuente aumento de los precios.
Según explicó Libre Mercado, el precio de las licencias ha subido notablemente durante la legislatura. A comienzos de la crisis, este gravamen generaba 155 millones sobre un total de 25.000 peticiones favorables. Hoy, dicha tasa genera 65 millones a partir de 10.000 expedientes aprobados. De modo que la autorización municipal de proyectos inmobiliarios se ha encarecido un 8%, presionando hacia arriba el coste de acceder a una vivienda.
El coste de los retrasos
Pero el problema de las licencias no se limita a las múltiples negativas que se han producido durante la legislatura o al encarecimiento de recibir dichos permisos. Además, incluso cuando hay "luz verde", se observa un notable retraso en la concesión definitiva. Esto también genera un encarecimiento notable en el precio final de las casas.
En relación con este punto, Ciudadanos maneja datos de ASPRIMA y del Banco Sabadell que ponen de manifiesto que, por cada mes de retraso en la concesión de licencia para la construcción de nuevas viviendas, los intereses bancarios asociados a cada promoción suben a razón de 17.000 euros.
Así las cosas, un atasco burocrático de veinticuatro meses se traduciría en un sobrecoste de más de 400.000 euros, que repartidos en un edificio de cincuenta números supondrían 8.000 euros más de precio final para los compradores.