Portugal ha conseguido una enorme reducción del déficit público en los últimos años. Si en 2017 era del 3%, apenas una décima menos que España, en 2018 lo ha conseguido situar en el 0,5% del PIB, frente al 2,5% español, el menor nivel en 45 años.
En este contexto, el Gobierno luso ha anunciado que bajará el IVA a la luz del 23% al 6%, una reducción que, en principio, supondrá un alivio fiscal a las familias lusas. De este modo, el país vecino (en verde en el gráfico) pasa de situarse desde las últimas posiciones de la Unión Europea, por delante de España (donde el IVA a la luz es del 21%), al tercer país de la UE-28 con un IVA a la luz menor, únicamente superado por Malta y Gran Bretaña -que hoy en día son los dos países con unos tipos impositivos al valor añadido de la electricidad más bajos, con sólo el 5%-.
La situación de los distintos países se puede observar en la siguiente imagen. Los países que se sitúan a la cabeza, a excepción de Hungría, tienden a ser los nórdicos, con un IVA que va desde el 22% al 25% dependiendo del país: Suecia y Dinamarca (25%), Islandia y Finlandia (24%) y Noruega (22%). España queda ligeramente por detrás, en la posición 10, juntamente con algunos países del Este y de Europa central como Bélgica (21%), Holanda y Austria (20%) o Alemania (19%). Los otros países mediterráneos aplican un IVA a la luz notablemente más bajo: Grecia (13%), Italia (10%) y ahora Portugal (6%). Finalmente, los países anglosajones, Irlanda (13,5%) y Gran Bretaña (5%), tienen el IVA más reducido.
Por tanto, España tiene un IVA a la luz superior al de la media de la Unión Europea (21% frente al 18%). Sin embargo, aunque bajar los impuestos, y en particular el IVA a la luz, pudiera ayudar a que los consumidores pagaran un precio más bajo -si el Gobierno decidiera rebajar el IVA al 6% como se ha hecho en Portugal, los españoles podrían llegar a observar una reducción del 12% en la factura, unos 7,5 euros por recibo bimestral-, España se sitúa en la primera posición en cuanto al precio básico de la luz, como se observa en el siguiente gráfico.
De hecho, la carga impositiva que pagan los españoles en relación a sus socios europeos es más bien baja (un 22% del total del precio en comparación con el 65% del caso danés). Por tanto, si se quiere que los consumidores paguen menos, las bajadas de impuestos deberían ir de la mano de otras medidas que busquen rebajar el precio básico de la luz.
A este respecto, no todo el montante de dicho componente en España se debe a los costes de producción. De hecho, solamente un 40% del precio básico se puede atribuir al precio libre -coste de la energía, el que encontramos en la subasta mayorista-, ya que el 60% restante se trata del precio regulado, donde se incluyen todo tipo de costes, desde el transporte y la distribución de energía -actividades reguladas por el Estado- hasta la moratoria nuclear de Felipe González, los planes de eficiencia y ahorro energéticos, los sobrecostes de la electricidad en Canarias y Baleares, las primas para el carbón nacional o las primas a las energías renovables y la cogeneración.
En conclusión, España tiene un IVA a la electricidad que se encuentra en el top 10 de los países de la Unión Europea. La fiscalidad, junto con los costes políticos de la luz, convierten a España en el tercer país con la factura de la luz más cara de Europa.