Algunos contribuyentes nunca habrán oído hablar del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) a pesar de que les haya correspondido pagarlo alguna vez. Ese desconocimiento puede deberse a que su ayuntamiento sea de los que no lo cobran, ya que el ICIO es un impuesto potestativo que permite a los municipios decidir si lo aplican o no. Si vive en una capital de provincia, no será el caso, porque todas lo tienen en vigor. Entonces, resulta que se habrá librado de cumplir con el fisco sin saberlo.
"El ICIO es un impuesto desconocido por el ciudadano de a pie a pesar de que puede gravar cualquier obra que hagamos en casa", advierte a Libre Mercado el director del servicio de estudios del REAF, Rubén Gimeno. Una particularidad de este tributo es que es un impuesto directo y no periódico a diferencia del resto de impuestos locales. En términos generales su pago se exige "tras la realización, dentro del término municipal, de cualquier construcción, instalación u obra para la que se exija la obtención de la licencia de obras o urbanística (se haya obtenido o no dicha licencia) o para la que se exija presentación de declaración responsable o comunicación previa, cuando su expedición corresponda al ayuntamiento que exige la tributación".
Pero esta es la definición del hecho imponible en términos generales, luego cada consistorio tiene su propia norma. Por ejemplo, en Málaga tributan en el ICIO "las obras en la fachada, la colocación de rejas, bancadas y las obras en el interior de las viviendas en las que hay que tirar tabiques o reparar la cocina o los cuartos de baño. Aquí entraría hasta el alicatado", explica el experto. "Para todas estas obras habría que solicitar una licencia al ayuntamiento, que calcularía el ICIO, lo que ocurre es que los particulares no piden esas licencias ni notifican las obras", añade.
La picaresca del impuesto
Gimeno avisa de que los contenedores o los sacos de escombros son la mejor pista para Hacienda, que puede exigir el pago del ICIO en cualquier momento. "Si la Policía se encuentra con algún tipo de saco de escombro en la calle, avisa al ayuntamiento de turno, que puede tomar las medidas necesarias contra ese domicilio. Una de ellas, es cobrarle el ICIO", asegura.
El ICIO se aplica sobre el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, sin tener en cuenta otro tipo de impuestos como el IVA, los honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista, ni cualquier otro concepto que no integre el coste de ejecución material. La cuota tributaria la decide cada municipio sin que pueda ser superior al 4%. Estos son los municipios que han optado por aplicar el tipo máximo.
Así, por la realización de una obra con un coste efectivo de 20.000 euros, en 21 capitales de provincia se pagarían 800 euros por el impuesto. Otro ejemplo de las diferencias que existen por municipios puede verse al comparar Tenerife, que tiene el impuesto más bajo, con otros municipios españoles. Para una obra de 100.000 euros en Tenerife, los contribuyentes tendrían que abonar una cuota de 1.800 euros, mientras que en numerosas capitales de provincia el impuesto sería de 4.000 euros.
El impuesto puede recaer sobre el dueño de la vivienda en la que se va a hacer la reforma o sobre el dueño de la obra, que es el profesional encargado de la misma y que sí suele solicitar la licencia al ayuntamiento. En este sentido, "hay todo tipo de picaresca, desde no pedir la licencia y esconder los escombros hasta pedirla por una obra presupuestada a un coste inferior al que se le va a cobrar al propietario del piso para ahorrarse parte del ICIO", cuenta el director del servicio de estudios del REAF.
Pero ante lo complicado que supone rastrear las reformas que realicen los particulares dentro de su propia casa, el grueso de los ayuntamientos gracias al ICIO proviene de "las constructoras, promotoras y las grandes obras de edificios", informa Gimeno. "A los ayuntamientos no les interesa tener a funcionarios persiguiendo a los ciudadanos por cantidades tan bajas", explica. Entre los tributos que más dinero aportan a los ayuntamientos españoles, el ICIO está en la quinta posición, debido a que representa sólo al 1,4% de sus ingresos.