El pasado 22 de enero, Juanma Moreno tomó posesión como presidente de la Junta de Andalucía e hizo oficial el arranque de un relevo histórico en el Ejecutivo autonómico. Tras décadas de dominio socialista, el PP y Ciudadanos encabezan un gobierno de coalición que cuenta con el apoyo parlamentario de Vox.
En sus cien primeros días de gobierno se han empezado a materializar algunos de los primeros cambios anunciados por las fuerzas de centro-derecha. Los mayores avances se han producido en el ámbito de la transparencia, donde han salido a la luz distintos escándalos del gobierno saliente de Susana Díaz.
Así, PP, Cs y Vox han acordado la constitución de una Oficina contra el Fraude y la Corrupción que pretende limitar el alcance de las malas prácticas en el ámbito público. No hay que olvidar que el PSOE andaluz tiene 500 altos cargos investigados por la Justicia y que los casos de presunta corrupción que están procesando los tribunales han tenido un coste total de 5.000 millones de euros.
La nueva mayoría política andaluza también ha sacado a la luz los distintos agujeros heredados de la anterior etapa de gobierno. En educación y sanidad, por ejemplo, los desvíos e incumplimientos ascienden a 2.900 millones de euros, mientras que en materia de obra pública e infraestructuras, el boquete rebasa el umbral de los 1.000 millones de euros.
Para agilizar el funcionamiento de los servicios básicos, el nuevo gobierno ha puesto en marcha un plan de choque con el que espera reducir drásticamente las listas de espera de la sanidad regional, donde el PSOE ocultó a más de medio millón de personas que están esperando algún tipo de intervención médica.
Ahondando en la agenda de transparencia, el gabinete que dirige Juanma Moreno ha empezado a tramitar medidas como la limitación de mandatos, la supresión de los aforamientos o la reducción de altos cargos y asesores. Algunos de estos puntos requerirán modificaciones en el Estatuto de Andalucía, pero el PSOE se ha quedado aislado e incluso Adelante Andalucía, la marca de Podemos en la región, apoya los planes negociados por azules, naranjas y verdes.
Por otro lado, ha empezado la auditoría a la llamada administración paralela. De momento, el gobierno regional ha estudiado doce entes y ha encontrado que apenas el 10% de sus trabajadores son funcionarios. Además, el análisis de las cuentas regionales ha puesto de manifiesto que la Junta tiene 4.665 millones de euros pendientes de cobro o 772 millones pillados en sentencias judiciales desfavorables a la Administración. El último escándalo tiene que ver con los trabajadores autonómicos dedicados a tareas de asesoramiento y apoyo en materia de violencia doméstica, puesto que la mitad de estos empleados públicos no están colegiados, tal y como venía denunciando Vox.
En materia fiscal, el nuevo gobierno ha introducido una nueva fórmula de la tarifa plana para nuevos autónomos. La bonificación, que reducirá de 270 a 60 euros su cuota mensual, tendrá ahora una duración de 24 meses. Además, el pago bajará a 30 euros para los nuevos trabajadores por cuenta propia que cumplan ciertos requisitos (menores de 25 años, autónomos residentes en zonas rurales, etc.).
También se han empezado a concretar algunas rebajas de impuestos. Las herencias quedarán bonificadas al 99% en el grueso de transmisiones canalizadas por el Impuesto de Sucesiones y los distintos tramos del IRPF bajarán tres puntos porcentuales, con el objetivo de devolver 235 millones de euros a los contribuyentes. El nuevo planteamiento equipara a Andalucía con el promedio nacional, después de muchos años en los que la región sureña estaba a la cabeza en los rankings de presión fiscal.
De momento, las cifras macroeconómicas son favorables. En el primer trimestre del año, Andalucía creó 15.000 empleos frente a los 124.000 que destruyó entre enero y marzo de 2018. La tónica se mantuvo en el boletín de empleo de abril, puesto que la región generó casi el 30% de los nuevos puestos de trabajo generados en toda España.
Además, Andalucía es la segunda comunidad que más está creciendo en lo que va de 2019, con un repunte cercano al 1% en los tres primeros meses del año, de acuerdo con los datos que maneja la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Por último, el déficit autonómico ha pasado a moverse en niveles relativamente bajos, puesto que apenas supuso el -0,02% del PIB en los dos primeros meses de 2019.