Una de las exigencias del nuevo gobierno andaluz es exponer públicamente y sin demora la herencia que ha recibido de la antecesora en la presidencia de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, tras 36 años de poder socialista tanto en la Junta como en la mayoría de los municipios y Diputaciones. Este martes, último dato: Elías Bendodo, portavoz del gobierno de PP y Cs sostenido por Vox, denunció que Andalucía ha perdido 6.570 millones de euros de inversión privada en los últimos años-.
Con este dinero, que incluyen 2.800 millones de euros relativos a energías renovables, podrían haberse creado 92.000 empleos, más del 11% de la población desempleada en Andalucía, que no se crearon por el "colapso administrativo" provocado por la "apatía, dejadez e incapacidad" del anterior gobierno del PSOE-A, que llegó a acumular hasta 4.367 expedientes sin resolver únicamente en la Consejería de Medio Ambiente, algunos con más de diez años de antigüedad.
En román paladino, había inversores privados que querían hacer sus inversiones en Andalucía, pero la Junta paralizaba los expedientes –las razones habrá que encontrarlas en la revisión de los mismos–, y los dejaba sin resolver, dándose una de idea de la eficacia y eficiencia de la gestión política y técnica de los gobiernos socialistas.
De los 4.367 expedientes pendientes de resolver en Medio Ambiente, 1.763 corresponden al departamento de Gestión del Litoral, 391 al de Calidad del Aire, 370 al de Residuos y 1.843 al de Prevención y Control Ambiental. Precisamente la Autorización Ambiental Integrada, cuyo plazo legal de resolución es de 10 meses se ha estado dilatando hasta dos años paralizando los proyectos afectados.
Igualmente, la Autorización Ambiental Unificada, que debía resolverse en ocho meses, ha llegado a tardar 20 meses, de media, en hacerlo. En el caso de los expedientes relativos a Residuos y Calidad del Aire, el informe explica que los plazos se cuadruplican, incrementándose los tiempos medios de seis meses a dos años y de tres meses a un año, respectivamente.
Por provincias, Málaga, con 1.207 expedientes pendientes, acapara cerca del 30% del total y casi 25.400 empleos; Sevilla, con 735 expedientes y más de 15.450 empleos, tiene el 16,8%. Le siguen Almería, con 536 trámites pendientes y más de 11.300 puestos de trabajo (12,3%); Jaén, con 490 expedientes y 10.300 empleos (11,2%); Granada, con 405 trámites y casi 8.560 puestos de trabajo (9,3%); Cádiz, con 310 expedientes y rozando los 6.450 empleos (7%); Córdoba, con 275 trámites y casi 5.800 empleos (6,3%), y Huelva, con 197 expedientes pendientes y cerca de 4.150 puestos de trabajo (4,5%).
Pérdida de empleo
Si este mismo miércoles, Libre Mercado se hace eco, una vez más, de los "agujeros" heredados por el nuevo gobierno andaluz de la etapa de Susana Díaz –desde los pagos millonarios por procesos judiciales fallidos a los más de 4,500 millones pendientes de cobro pasando por los 5.000 millones implicados en macrocasos de corrupción con 500 investigados socialistas–, ahora habrá que sumar al desaguisado otros 6.570 millones de euros.
En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Bendodo ha censurado la "falta de responsabilidad" de los socialistas en la "gestión del dinero público" de la Junta. Los proyectos de inversión perdidos afectan a las ocho provincias andaluzas. El problema no es que la Junta los paralizara por alguna razón, sino que los detenía y luego no contestaba ni sí ni no dejándolos arrinconados en un limbo administrativo impropio. Naturalmente, los promotores de las inversiones esperaban y esperaban hasta que el interés desaparecía con las oportunidades. Según Bendodo, "no se les atendía". Esa pérdida de inversiones privadas se traducía en una importante "cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que no se han creado".
Bendodo subrayó que los anteriores gestores de la Junta no entendían que "los empleos los crean los empresarios, no los partidos ni las administraciones, que tienen la obligación de poner el canal y los medios para facilitar la actividad empresarial". Entre los detalles que deslizó en su intervención resalta el que la tramitación de algunos de estos expedientes de inversión ha llegado a cuadruplicar los plazos legalmente establecidos. Si se hubieran agilizado las gestiones y al menos se hubiera resuelto la mitad de los expedientes, se podrían haber creado 23.000 empleos.
La nueva Junta anunció este martes que modificará la Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad, para simplificar la tramitación de los expedientes y, así, aligerar la carga administrativa y los tiempos de tramitación. A ello seguirán otras modificaciones legislativas en la misma línea, que, no obstante, "mantendrán siempre todos los requisitos de protección al medio ambiente". Por otro lado, la consejería va a incrementar en 65 trabajadores el personal destinado a resolver los expedientes, tanto en los servicios generales como en las delegaciones territoriales. Esta ampliación se llevará a cabo con personal procedente de otros departamentos de la administración.