Cuando quedan apenas 3 semanas para las elecciones municipales, el equipo de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid ha sufrido un importante revés judicial. La famosa Cooperativa Maravillas, una de las cruzadas del ayuntamiento podemita en materia urbanística, le ha torcido el brazo al consistorio.
Las 300 familias que conforman la cooperativa están exultantes, igual que el abogado que les asiste en el caso, Javier Martín-Merino y Bernardos (Verdegay Abogados), quien no oculta su satisfacción porque "se ha aplicado la Ley".
Y es que la sentencia, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, es cristalina: el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 1 de Madrid es meridianamente claro al anular el pago de 41 millones de euros que les impuso el equipo de Carmena saltándose las propias valoraciones previamente emitidas por el propio ayuntamiento.
En esencia, la clave radica en la sustitución que el Ayuntamiento pide a la cooperativa por el valor del suelo para la cesión de redes públicas que físicamente no caben. Es decir, la cooperativa adquiere los terrenos en Raimundo Fernández Villaverde 50 (antiguo taller de precisión de artillería) en 2014, y en marzo de 2016 presenta en el Ayuntamiento un documento de convenio urbanístico para su tramitación administrativa, como era su obligación.
Días después, el 6 de abril de 2016 la Subdirección General de Patrimonio del Suelo del Ayuntamiento emite un informe de valoración sobre las cesiones de redes públicas cuantificando el valor de repercusión para uso residencial en 2.054 euros/m2, y 1.294 euros/m2 para uso dotacional, lo que sumaba unos 13 millones de euros.
Para sorpresa de los cooperativistas en junio de 2017 el ayuntamiento, ya bajo el gobierno de Carmena, decidió subir el valor del suelo para la cesión de redes públicas y lo que suponía un coste de 13 millones de euros, de repente, y en base a criterios arbitrarios –y además con un informe encargado ad hoc a la universidad Carlos III– decidieron elevar esa compensación hasta los 41,13 millones de euros.
Sobre ese informe se pronuncia el juez y señala otros solicitados por la defensa y que elaboran catedráticos de las universidades Autónoma y Politécnica de Madrid que afirman que al cambiar la valoración, el ayuntamiento aprueba una "norma reglamentaria que afecta a los derechos y deberes de los ciudadanos" para la que no tiene competencia. "Debemos apreciar el acierto de las anteriores consideraciones, que no podemos considerar desvirtuadas por el informe de Parejo", explicita la sentencia.
Y no quedó ahí la cosa, porque el Ayuntamiento, después de esta decisión, no admitió las alegaciones de los cooperativistas, lo que generó este contencioso administrativo que ha impulsado desde Verdegay Abogados su socio y letrado Javier Martín-Merino, que en declaraciones a Libertad Digital afirma que, pese a que cabe recurso ante el fallo del juzgado de lo Contencioso Administrativo, la sentencia supone un antes y un después para la cooperativa y que deja negro sobre blanco "las decisiones arbitrarias que el equipo de Carmena impuso sobre la cooperativa incumpliendo la propia legislación".
Así las cosas, el Ayuntamiento tendrá que compensar con 27,193 millones de euros a los cooperativistas.
La sentencia no deja lugar a dudas: "Tal como se alega por los recurrentes, el Ayuntamiento de Madrid no puede elaborar un 'criterio de valoración' mediante unas instrucciones, careciendo estas de la naturaleza y de las garantías de las disposiciones de carácter general, incumpliéndose lo dispuesto en el plan general de ordenación urbana de Madrid de 1997".
No es la primera derrota judicial de Carmena
En mayo del año pasado el juzgado de Instrucción 13 de Madrid falló en contra del intento de las socialistas Purificación Causapié y Mercedes Fernández de frenar la construcción de las viviendas del residencial Maravillas.
Esta sentencia confirmaba que ninguna de las edificaciones contaba con protección cultural, histórica o arquitectónica que impidiera su demolición, como demostró curiosamente el mismo abogado, Javier Martín-Merino. Este recurso se remonta a enero de 2017, cuando las socialistas Mercedes Fernández y Purificación Causapié presentaron un recurso contra la licencia de demolición del Antiguo Taller de Artillería y Precisión, concedida por el Ayuntamiento y paso necesario para que las más de 300 familias de la Cooperativa puedan terminar lo que serán sus futuras viviendas.