Una vez pasadas las elecciones, Pedro Sánchez ha enviado a Bruselas la actualización del Programa de Estabilidad con el que tratar de justificar ante la UE que su Gobierno logrará aplicar una serie de medidas con las que mantener el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
Sin embargo, dicho plan enviado la tarde del martes -el Gobierno esperó el tiempo suficiente para enviarlo al límite del plazo, pero una vez pasadas las elecciones- esconde grandes subidas de impuestos, que ya conocíamos, pues son las planteadas en el fallido proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) devueltos al Gobierno, así como las ya aplicadas con el incremento de bases máximas y mínimas de la Seguridad Social, las cuales, estas últimas, ya están operativas en 2019. Esos incrementos de impuestos van desde la subida del IRPF en 4 puntos, al incremento de un 31% del impuesto sobre el diésel, hasta la subida al 15% mínimo del tipo medio efectivo en el impuesto de Sociedades.
Esa subida de impuestos se concreta en 5.654 millones de euros al año, estimados para 2020, por la subida de todos los impuestos, más otros 3.786 millones de euros anuales por la subida de las bases mínimas y máximas de cotizaciones sociales. Dichos incrementos, además de suponer una piedra importante en el camino para el desarrollo de la economía española, son difíciles de cumplir, pues el potencial recaudatorio no llegará a tanto, al mermar la actividad económica y el empleo.
Y es que ése es uno de los puntos débiles del Programa de Estabilidad de Sánchez: confía en que la economía seguirá creciendo sin problema a lo largo de los próximos años, a tasas muy importantes, tanto en términos nominales como reales. De esa manera, estima un crecimiento del 2,2% del PIB en términos constantes para el año 2019, un 1,9% para 2020, y un 1,8% tanto para 2021 como para 2022, con importantes ritmos de creación de empleo.
En ese contexto es en el que Sánchez plantea un incremento de gasto público que va a retrasar el poder alcanzar el nivel de equilibrio presupuestario, sólo estimado para 2022, con un crecimiento de los ingresos y de los gastos que, al ponerlos en relación sobre el PIB, supondrán el 40,7% del Producto Interior Bruto.
Y es que es con ese crecimiento del PIB real y del PIB nominal con el que Sánchez espera poder cumplir con el objetivo de déficit y con la reducción de deuda en términos porcentuales. Sánchez plantea unos incrementos de PIB nominal que llevarán dicho PIB a la cifra de 1,394 billones de euros en 2022 desde el 1,208 billones actual, a ritmos de crecimientos de 3,9%, 3,6%, 3,6% y 3,5% para 2019, 2020, 2021 y 2022 respectivamente, tal y como señala en la página 25 del Programa de Estabilidad. Eso supone incrementos anuales del PIB nominal superiores en todos los casos a los 45.000 millones de euros, con un crecimiento real menor, que indica que el Gobierno confía en la inflación para dicho incremento nominal del PIB.
¿Por qué es tan importante el incremento del PIB nominal? Porque es con lo que esperan hacer disminuir la deuda sobre el PIB pese a la desviación importante en déficit. Y es que Sánchez reconoce también que se va a desviar en el objetivo de déficit sorbe PIB. Si el objetivo acordado con Bruselas en el anterior plan de estabilidad era de un déficit del 1,3% del PIB, ahora Sánchez lo eleva hasta el 2%, cuando tanto el FMI, con un 2,3%, como el Banco de España, con un 2,5%, lo elevan todavía más. Esa desviación, sobre el PIB estimado en 1,255 billones de euros supone un mayor déficit sobre el ya fijado de 8.788 millones de euros, para dejar el déficit de 2019 en más de 25.000 millones de euros.
Eso hará que la deuda, pese a disminuir en porcentaje sobre el PIB gracias al crecimiento del PIB nominal, llegue a ser de 1,236 billones de euros en 2022.
Y llegamos a la evolución de los ingresos, concretamente de los impuestos. Ya hemos visto que proponen subidas al año de 5.654 millones en impuestos y de 3.786 millones en cotizaciones sociales. Ahora bien, si analizamos la evolución de la presión fiscal, confían en que la recaudación por impuestos en 2022 sea 95.500 millones mayor que en 2018.
No son 26.000 millones, como se ha comentado últimamente. No lo son porque esa comparación es calculando la diferencia entre la presión fiscal de 2018 (35,1% del PIB) y la de 2022 (37,3% del PIB) pero ambos porcentajes sobre el PIB de 2018, cuando cada uno de ellos tiene que ser sobre el PIB de su año. Esos 2,2 puntos de incremento de presión fiscal sobre el PIB son 26.500 millones de euros calculados ambos porcentajes sobre el PIB de 2018, de 1,208 billones de euros.
Sin embargo, la presión fiscal de 2018 es sobre dicho PIB (el 35,1% del PIB de 2018 son 424.659 millones), pero la de 2022 es sobre el PIB estimado para 2022, que con los crecimientos que plantea el Gobierno recogidos en el programa, señalados anteriormente en este artículo, el PIB de 2022 será de 1,394 billones de euros, con lo que un 37,3% del PIB son 520.164 millones de euros, es decir, 95.505 millones más que en 2018. O lo que es lo mismo, que cada español pagará por impuestos en 2022 más de 2.000 euros adicionales al año respecto a lo que pagó en 2018. Si el cálculo es por contribuyente, la cifra se elevará hasta casi 5.000 euros más al año.
Por último, aparecen unos riesgos adicionales, plasmados en escenarios de mayor riesgo que se recogen en el documento. En este escenario de mayor riesgo:
- Han calculado una subida de los tipos de interés de 120 puntos básicos (1,2 puntos porcentuales) en este escenario de mayor riesgo, que, sobre el escenario base descrito, disminuiría el PIB en 1 punto, incrementaría el déficit hasta en 7 décimas y la deuda pública en 2 puntos. No es un escenario improbable al final del período (a partir de 2020) e incluso puede que la subida de tipos pueda ser superior entonces.
- También estiman un escenario de mayor riesgo con caída del crecimiento de nuestros socios comerciales. Eso afectaría negativamente al PIB hasta en medio punto, hasta en 1 décima al déficit y hasta en 2 décimas a la deuda.
- Estiman también en este escenario de mayor riesgo, una subida del precio del petróleo de 10 dólares por barril, que impactaría negativamente en 4 décimas en el PIB, 2 décimas en el déficit y 7 décimas en la deuda pública.
- Todo ello, por tanto, impactaría negativamente en la economía de producirse alguno de esos efectos de ese escenario de mayor riesgo (todos son probables), que daría al traste con las previsiones enviadas, que las han calculado con el escenario base.
- Además, evalúan el gasto asociado al envejecimiento de la población como un gasto creciente, que requerirá reforma del sistema de pensiones. Es de imaginar que van a dotar parte del gasto en pensiones desde los PGE y no desde la Seguridad Social, en línea con el programa del PSOE. Esto no soluciona el problema y puede quebrar el sistema.
- Por otra parte, todo parece indicar que pueden llegar a eliminar beneficios fiscales y a aumentar los tipos impositivos más todavía, por la mención que hacen a aumentar la progresividad.
En definitiva, parece un programa optimista, con riesgos de cumplimiento ante cualquier deterioro indicado, con dificultades para cumplir, por tanto, con los compromisos de estabilidad y con el mantenimiento de los niveles de crecimiento y empleo anteriores, pese a que el papel lo aguante todo, amén de reconocer una gran subida de impuestos y un incremento muy importante de la presión fiscal, como muestra el cálculo realizado con los propios datos que el Gobierno plasma en el Programa de Estabilidad enviado.