Desde el estallido de la crisis, los gobiernos autonómicos han aumentado significativamente sus niveles de deuda pública. A comienzos de 2008, los pasivos regionales ascendían al 6,7% del PIB, tres veces menos que el 24,3% del PIB observado por el Banco de España en sus cálculos para el cuarto trimestre de 2018.
Sin embargo, no todas las comunidades han actuado de forma irresponsable. En Madrid, por ejemplo, el gobierno de Esperanza Aguirre mantuvo unos niveles de endeudamiento mucho más bajos que el promedio observado en el conjunto de las autonomías. La tónica se mantuvo después del adiós de la lideresa, de modo que Madrid tiene hoy diez puntos menos de deuda que el promedio de las comunidades autónomas, con un 14,6%.
Más allá de Madrid, uno de los territorios que mejor comportamiento fiscal ha tenido en los últimos años es Galicia. Hace ahora diez años, Alberto Núñez Feijóo llegó al gobierno de la Xunta aupado por los diversos escándalos de despilfarro que protagonizó el gabinete de su antecesor, el socialista Emilio Pérez Touriño.
Feijóo heredó un déficit abultado que empezó a corregir entre los años 2010 y 2011. Por aquel entonces, el desbarajuste entre ingresos y gastos llegaba al 5,1% del PIB autonómico. El grueso del ajuste se produjo entre 2011 y 2012, cuando el descuadre pasó de 2.857 a 728 millones de euros, en medio de distintas medidas de austeridad.
Desde entonces, la Xunta ha reducido de forma paulatina el diferencial negativo de las cuentas públicas, que pasó a 612 millones en 2013, cayó a 539 millones en 2014 y se redujo a 401 millones en 2015. La tónica se mantuvo en 2016, cuando la brecha fue de 340 millones, y en 2017, cuando se produjo un nuevo descenso hasta los 136 millones de déficit.
En términos de PIB, el déficit cayó del 5,11% al 0,22% entre 2011 y 2017. El buen desempeño de la economía y el mantenimiento de las políticas de austeridad contribuyó a alcanzar un superávit presupuestario en 2018, valorado en 108 millones de euros por los técnicos del ministerio de Hacienda. Este saldo positivo supone el 0,17% del PIB.
Como consecuencia, los niveles de endeudamiento han empezado a reducirse. Si en 2016 se acercaban al 19% del PIB, en 2018 alcanzaron un 18% del PIB. De los 11.342 millones que debe la comunidad, 6.515 millones están en manos del Estado, 1.421 millones cuelgan de bancos españoles, 901 millones de entidades financieras extranjeras, 2.133 millones dependen de títulos de deuda y el resto se ha negociado por otras vías.