Hace justo una semana, advertíamos desde estas mismas páginas que el resultado del domingo afectaría a los bolsillos de los españoles, ya que las elecciones generales no sólo marcarían el devenir político del país durante los próximos cuatro años, sino que también afectarían al conjunto de la economía nacional y, más concretamente, a las finanzas de familias y empresas en caso de que gobernara Pedro Sánchez. Siete días después, comienzan a atisbarse las primeras consecuencias que traerá consigo el futuro Gobierno del PSOE: una de las mayores subidas fiscales de la historia.
El Programa de Estabilidad que el Ejecutivo envió a Bruselas el pasado martes incluye la intención de aumentar la presión fiscal en cerca de 26.000 millones de euros de aquí a 2022 mediante una larga lista de alzas impositivas, cuyo impacto vaciará aún más el bolsillo de los contribuyentes, al tiempo que lastrará la generación de riqueza y empleo. Y todo ello, además, en un momento muy delicado, debido, por un lado, a la desaceleración del PIB a nivel interno, y, por otro, a las turbulencias e incertidumbres que registra el panorama internacional.
A los más de 3.000 millones de euros procedentes del aumento de las cotizaciones sociales, se sumarán otros 5.600 millones de euros extra en incrementos fiscales a partir del 1 de enero de 2020. En total, unos 9.000 millones de euros, una cifra similar al primer impuestazo que aprobó el anterior Gobierno de Mariano Rajoy de la mano de su desastroso ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, solo que entonces España estaba al borde de la quiebra y hoy, sin embargo, encadena un lustro de crecimiento económico. De hecho, el palo fiscal de Sánchez amenaza con ser mucho peor que el de Montoro, ya que el PSOE también revisará los principales beneficios fiscales que disfrutan familias y empresas, cuya cuantía ronda los 60.000 millones de euros, con el fin de elevar la recaudación.
Aunque el mayor problema es que esta retahíla de impuestos tan solo es el principio. El objetivo de Sánchez es negociar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado para 2020, cuya aprobación dependerá del visto bueno de Podemos, y, visto el liberticida y confiscatorio programa electoral del partido morado, todo apunta a que Pablo Iglesias exigirá nuevos sablazos fiscales para otorgar luz verde a dichas cuentas. Asimismo, la intención de los socialistas es reactivar el Pacto de Toledo para parchear de nuevo el sistema público de pensiones con nuevos impuestos, de modo que la factura final para el contribuyente podría ser muy superior a la anunciada inicialmente por el Gobierno.
Los socialistas y sus voceros insisten en que su particular expolio fiscal recaerá sobre las rentas altas y las grandes empresas, pero tal afirmación raya el insulto. La subida del diésel, el nuevo impuesto tecnológico, la tasa sobre las transacciones financieras, el incremento de las cotizaciones o la revisión de los beneficios fiscales impactarán de lleno en las clases medias, reduciendo así tanto su renta disponible como su capacidad de ahorro e inversión.
Y lo peor de todo es que este latrocinio en ningún caso irá destinado a la mejora de los servicios públicos, sino a engordar las redes clientelares que están al servicio del PSOE con la finalidad de comprar votos y mantenerse en el poder, a imagen y semejanza de lo que ha sucedido en Andalucía durante los últimos 40 años. La era Sánchez que recién comienza costará muy cara a los españoles.