El Gobierno ha esperado a la celebración de las elecciones generales para revelar que la economía española crecerá menos de lo previsto inicialmente, que el déficit será superior y que, además, los contribuyentes tendrán que soportar una nueva subida de impuestos, tal y como recoge el nuevo Programa de Estabilidad para 2019-2022 remitido el pasado martes a Bruselas. Curiosamente, el documento no se publicó hasta última hora de la noche, aprovechando que buena parte del país se iba de puente.
El Ejecutivo del PSOE prevé ahora una mayor desaceleración del PIB y, aunque mantiene un avance del 2,2% para este año, lo ha rebajado tres décimas para 2020 y 2021, hasta el 1,9% y el 1,8%, respectivamente. Asimismo, pretende reducir el déficit del 2,5% del PIB en 2018 al 2% este ejercicio -frente al 1,3% pactado con la UE-, al 1,1% en 2020 y al 0,4% en 2021 para, finalmente, alcanzar el equilibrio presupuestario en 2022, al término de la presente legislatura.
Sin embargo, la mayor sorpresa radica en el incremento de la presión fiscal. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha marcado como objetivo elevar la recaudación tributaria durante su mandato. En concreto, su plan contempla que la presión fiscal (peso de la recaudación sobre el PIB, excluyendo tasas y otros ingresos) suba del 35,1% registrado el pasado año al 37,3% en 2022, lo cual equivale a 2,2 puntos del PIB o, lo que es lo mismo, unos 26.000 millones de euros adicionales -siempre sobre la base del PIB nominal de 2018-.
Esto significa que la recaudación tendrá que crecer muy por encima del aumento del PIB, fruto en parte de la recuperación económica (creación de empleo e incremento de sueldos y beneficios empresariales), pero también de las subidas de impuestos. Esos 26.000 millones de euros se traducirán, por tanto, en el pago de unos 1.000 euros extra al año por contribuyente en 2022.
La intención del Gobierno es mantener prorrogados los Presupuestos de 2018 durante el presente año y, posteriormente, presentar unas nuevas cuentas de cara a 2020, donde, entre otras medidas, se incluirán las subidas fiscales acordadas con Podemos en la fallida presentación de los Presupuestos de 2019, cuyo impacto recaudatorio se estima en 5.654 millones de euros, tal y como recoge el siguiente cuadro.
- Hacienda exigirá una tributación mínima (cuota líquida mínima) de un 15% sobre la base imponible positiva del Impuesto de Sociedades. En caso de entidades que tributan al tipo incrementado del 30%, como bancos y petroleras, esta tributación mínima será del 18%. Esta medida afectará a los grupos que tributan en régimen de consolidación fiscal y a las empresas no integradas en grupos cuyo importe neto de la cifra de negocios sea igual o superior a 20 millones de euros.
- También subirá dos puntos los tipos del IRPF para los contribuyentes que tengan rentas superiores a 130.000 euros y cuatro puntos para la parte que exceda de 300.000 euros. Asimismo, el tipo estatal sobre la base del ahorro se incrementará en cuatro puntos porcentuales para las rentas del ahorro superiores a 140.000 euros, pasando del 23% al 27%.
- Fiscalidad verde: se incrementará la fiscalidad de los gasóleos, lo que consiste en una subida de 38 euros por cada 1.000 litros, para equiparar progresivamente la fiscalidad del combustible diésel y de la gasolina, aunque, por el momento, esta subida no se aplicará sobre el gasóleo de uso profesional y el gasóleo bonificado.
- Impuesto sobre el Patrimonio: el tipo aplicable a patrimonios superiores a 10 millones de euros se elevará en un punto porcentual.
- Impuesto sobre las Transacciones Financieras: este tributo gravará con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero, con independencia de la residencia de las personas o entidades que intervengan en la operación, o del lugar en que se negocien, siempre que estén admitidas a negociación en un mercado regulado y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a 1.000 millones de euros.
- Impuesto sobre Servicios Digitales: también se impulsará de nuevo la creación de un impuesto digital con el fin de gravar ingresos obtenidos en España por empresas internacionales a partir de ciertas actividades digitales. El impuesto gravará, a un tipo del 3%, los ingresos generados por servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación y la venta de datos. Deberán abonarlo las empresas cuya cifra de negocios supere los 750 millones de euros y cuyos ingresos derivados de la prestación de estos servicios en España superen los 3 millones.
- Rebaja del IVA: por el contrario, el Ejecutivo pretende reducir al 10% los servicios veterinarios y al 4% tanto los productos de higiene femenina como los libros, periódicos y revistas en soporte electrónico.
- Lucha contra el fraude: entre otras medidas, se intensificará la lucha contra los llamados "paraísos fiscales", al tiempo que se prohibirán los pagos en efectivo superiores a 1.000 euros (frente a los 2.500 vigentes) en el caso de empresarios y profesionales y se ampliará la lista de morosos con Hacienda, reduciendo la deuda exigida para figurar de 1 millón a 600.000 euros.
Por último, a este paquete fiscal que entrará en vigor a partir de 2020, se suma el aumento de las cotizaciones sociales registrado el presente año tras la subida del salario mínimo a 900 euros al mes, por el incremento de la base mínima de cotización, con un impacto estimado en 1.339 millones de euros, entre otras medidas que recoge el siguiente cuadro, y cuyo impacto recaudatorio asciende a 3.786 millones de euros. Asimismo, la reducción de las deducciones fiscales aplicadas a la contratación indefinida podrían sumar otros 500 millones anuales a partir de 2020, según los cálculos del Ejecutivo.
