En los últimos días, y a raíz de los dos debates electorales realizados esta semana, han surgido muchos artículos en los medios de comunicación combatiendo las inexactitudes que los distintos candidatos argumentaron. Sin embargo, han tendido a centrarse más en datos poco exactos que en los argumentos y medidas propuestas por los distintos partidos. Aquí van cinco afirmaciones de las muchas que pronunciaron los principales representantes políticos que, como mínimo, son poco rigurosas.
Ésta fue una frase del líder de Podemos, Pablo Iglesias, para después proponer la eliminación del contrato temporal salvo en determinadas circunstancias. Y es verdad que España tiene un problema con el empleo temporal. De hecho, es el país con la mayor tasa de temporalidad de Europa. Sin embargo, lo es ahora con una tasa de temporalidad (porcentaje de empleados con un contrato temporal respecto al total de trabajadores) de alrededor del 27%, como lo era antes de las dos reformas laborales (tasa de temporalidad superior al 30%).
Y es que ambas reformas llevaban aparejadas medidas destinadas a combatir la dualidad del mercado laboral. No obstante, que el porcentaje de trabajadores temporales se haya reducido en estos últimos años no nos señala nada sobre el efecto causal que tienen las reformas laborales en la dualidad. En España los trabajadores temporales parecen funcionar como una válvula de escape cuando se reduce la producción (ante unos costes de despido inferiores, así como a la rigidez salarial).
Para tal fin, seguramente, sea necesario acudir a algún estudio académico que vaya más allá de un simple análisis descriptivo de los datos. Y lo que se encontró es que la reforma laboral del PP no solo podría haber ayudado a la creación de empleo ("...la reforma podría haber sido responsable de aproximadamente un 32% de la reducción observada en la serie de desempleo desde marzo de 2012 a diciembre de 2015"), sino que incrementó la probabilidad de salir del del paro y lograr un empleo indefinido.
La conclusión del estudio a este respecto es la siguiente: "Podemos decir que la reforma tiende a reducir en cierta medida el grado de dualidad de nuestro mercado laboral". Aunque la magnitud de los efectos deben tomarse con cautela, el signo de estos contradicen las afirmaciones de Pablo Iglesias.
Esta frase, realizada por Pablo Casado, invoca a la famosa curva de Laffer. Es decir, los incrementos impositivos no incrementan sistemáticamente la recaudación. Si tienes unos tipos impositivos muy bajos -ponga que el Estado no cobra impuestos- la recaudación será cero, pero ésta será igualmente cero si el sector público extrae la totalidad de la renta de los individuos -nadie querrá trabajar si no gana nada de su esfuerzo, y si nadie produce, el Estado no recauda-.
Por tanto, la relación entre impuestos y recaudación seguiría una función en forma de U invertida como se muestra en el siguiente gráfico. En el "eje y" se encuentra la recaudación y en el "eje x" la tasa impositiva sobre el trabajo (las conclusiones son las mismas con los impuestos sobre el consumo y sobre el capital). Vemos que la recaudación se incrementa a medida que aumentamos los impuestos sobre el trabajo, pero hasta un máximo (en el gráfico el máximo se encuentra en el 0.6).
A partir de este punto, un incremento de impuestos reduciría la recaudación y una reducción de estos la aumentaría (debido al aumento de la actividad económica). Casado cree erróneamente que nos situamos en esta parte decreciente de la curva (a la derecha del 0.6). Sin embargo, un estudio muestra que España (línea discontinua en azul) en estos momentos se sitúa a la derecha del máximo.
O, dicho en otras palabras, si se rebajan los impuestos, como pretende el PP, el crecimiento que éste genere será insuficiente para compensar la pérdida recaudatoria provocada por unos impuestos más bajos. Entonces, es falso que el empleo y el crecimiento generados por la bajada de impuestos pueda sufragar un mismo gasto público. Una propuesta de reducción impositiva debería ir acompañada de medidas enfocadas a reducir el gasto.
Se trata de una medida muy curiosa al intentar conseguir una sociedad más igualitaria propuesta por Pablo Iglesias. Es verdad que invertir en educación tiene enormes retornos a la sociedad, además de tratarse, en general, de una medida que favorece mayoritariamente a las clases bajas. Pero existe una excepción: la educación universitaria. Los estudiantes que llegan a la Universidad tienden a pertenecer a familias de renta alta (aún cuando los precios públicos pagados por los estudiantes financian menos de un 1/5 del gasto universitario en un sistema en el que, además, existen becas en función de la renta).
Si todos los ciudadanos, independientemente de la renta de sus familias, llegaran del mismo modo a la Universidad, se esperaría encontrar un 10% de universitarios situados en hogares del 10% más pobre de la población y un 10% de los universitarios pertenecientes al 10% más rico. No obstante, según los cálculos llevados a cabo por el investigador Manuel Hidalgo a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida, solo el 1,7% de los universitarios pertenece al 10% más humilde de la sociedad, mientras que un 32,2% se sitúan en familias del 10% más pudiente.
¿Favorece la gratuidad de la educación superior a los más pobres? No lo parece. Seguramente, existen otras propuestas, hechas por prestigiosos economistas, más acordes a garantizar la igualdad de oportunidades sin utilizar los recursos públicos de manera regresiva.
Se trata de otra frase de Pablo Iglesias. ¿Pretende el partido morado controlar y regular los precios del alquiler? A juzgar por la medida 188 de su programa electoral, sí. A este respecto, la teoría económica señalaría que fijar un precio máximo provocaría ineficiencias en el mercado de la vivienda: no se asignarían correctamente los recursos al no poder pagar un mayor precio los que más dispuestos estén a ello; la oferta y la calidad de los alquileres se reducirían; se crearían colas debido a esta escasez artificial; y aumentaría el mercado negro -el economista Juan Ramón Rallo ya dio un enfoque más centrado únicamente en los posibles efectos teóricos que tendría un control de precios en los alquileres-.
Es por todo esto que uno debería tener cuidado al proponer medidas de este estilo. De hecho, un 93% de los economistas más prestigiosos del mundo académico consultados, entre ellos varios premios Nobel, se muestran en desacuerdo con que el control de renta de alquiler haya tenido un efecto positivo en la cantidad o calidad de la vivienda de alquiler en San Francisco. A nivel empírico, un reciente estudio que analiza el control de alquileres llevado a cabo precisamente en esta ciudad, encuentra que la oferta de viviendas en alquiler se redujo en un 15% (a largo plazo, esto supondría incrementos futuros de precios).
Otro estudio, publicado este mes, encuentra que los controles de renta llevados a cabo en Alemania consiguieron que el precio del alquiler (en relación al grupo control, no afectado por la medida) se redujera únicamente un 2,5%. Los autores concluyen que "´la regulación es efectiva, pero a pequeña escala y solo a corto plazo. A largo plazo, el crecimiento del precio de alquiler de los objetos regulados vuelve a la tendencia general". Además de que el control de alquileres "no establece incentivos para promover la oferta de vivienda adicional".
En el gráfico se observa cómo, mientras la línea azul (construcciones nuevas que hacen de grupo control) mantienen su tendencia histórica, la serie de color amarillo (construcciones viejas cubiertas por el control de alquileres), reducen ligeramente su precio en el corto plazo en el momento de la medida (línea vertical) para, posteriormente, retornar a su tendencia de largo plazo.
Pedro Sánchez, de esta manera, sacaba pecho del incremento del salario mínimo interprofesional a 900 euros aprobado durante la pasada legislatura. Como muestra el gráfico extraído de un estudio del Banco de España, el problema de la devaluación salarial, concentrada en mayor medida en las clases más bajas, se debe a la reducción de horas trabajadas.
Mientras que el salario por hora se ha mantenido relativamente constante entre 2006 y 2014 para todos los deciles, el salario mensual para los deciles más pobres se habría reducido un 30% (debido a una reducción mucho mayor de las horas trabajadas en dichos grupos). Por tanto, afirmar que subir el salario mínimo va a revertir la devaluación salarial cuando no ataca al motivo real que se encuentra detrás de ésta resulta falaz.
Además, otro reciente estudio del Banco de España estima que, debido a este incremento del salario mínimo, "los mayores salarios de los que conservaran el puesto de trabajo se compensarían, aproximadamente, con los salarios dejados de percibir por aquellos trabajadores que perdieran su empleo, de modo que la masa salarial total se mantendría sin cambios apreciables."
Es decir, aunque se consiga un incremento de los salarios de los trabajadores, la masa salarial no cambia, ya que algunos individuos pierden su empleo, sólo se distribuye de forma diferente entre el colectivo de asalariados. Concretamente, de manera más desigual, según indica el mismo estudio.