El Gobierno ha culminado la transposición de la nueva Ley reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario con la aprobación de un Real Decreto que desarrolla la normativa y una Orden Ministerial que estaban pendientes y que han sido finalmente tramitados con carácter de urgencia.
Así lo ha comunicado la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde también ha asegurado que el Ejecutivo va a hacer "todo lo posible" para que la Comisión Europea retire la demanda de hasta 80 millones de euros, 100.000 al día, presentada contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el retraso de hasta tres años en la transposición de esta ley a la normativa europea.
"Haremos todo lo posible para que la Comisión Europea retire la demanda interpuesta ante el TJUE, para evitar así la imposición de la multa que pende sobre nosotros por el retraso de tres años en la transposición de la ley que hemos arrastrado y heredado", ha subrayado Calviño. La titular de la cartera económica ha explicado que la fecha límite para aprobar esta directiva era marzo de 2016, por lo que "nada más tomar posesión" se pusieron en marcha para acelerar su tramitación parlamentaria.
El pasado mes de febrero el Congreso aprobó una ley que transponía la norma de forma parcial, cuya filosofía es "la clara protección del consumidor". Calviño ha resaltado que se ha hecho un "gran esfuerzo" para lograr su tramitación parlamentaria.
Según ha señalado, la nueva ley hipotecaria introduce diversas mejoras para la protección del ciudadano, incluyendo la prohibición de las cláusulas suelo, la reducción de los intereses de demora, la extensión del código de buenas prácticas o nuevas alternativas para proceder a los desahucios. De este modo, la culminación de la ley llega con el desarrollo del régimen de los servicios de asesoramiento, concreciones sobre la información que se debe facilitar a los clientes, los requisitos para que una empresa distinta a una entidad de crédito pueda ser un prestamista inmobiliario, la comunicación de información sobre notarios y entidad financieras o las reglas de publicidad.
Estas dos nuevas normas completan también aspectos pendientes de regular como el refuerzo de la seguridad jurídica y las competencias exigibles mínimas sobre experiencia del personal de las entidades o que las reglas de protección al clientes se deben aplicar igualmente en las hipotecas inversas. "Esto implica ir en la dirección del refuerzo de la seguridad jurídica y la protección de las personas, dando mayor estabilidad al sistema financiero", ha añadido la ministra de Economía, destacando que se han transpuesto ya diez de las catorce directivas comunitarias pendientes en marzo de 2018.