Hungría ha bajado los impuestos de forma significativa, pero su nuevo modelo tributario no ha generado un menoscabo de los ingresos fiscales, sino todo lo contrario. Así lo ha comprobado el Fondo Monetario Internacional en su último repaso a las cuentas públicas del país que gobierna Viktor Orbán.
En los últimos años, el Ejecutivo conservador ha abandonado el modelo progresivo del Impuesto sobre la Renta y ha introducido en dicho gravamen un esquema de tarifa plana o flat tax. Antaño, los distintos tramos vigentes iban del 17% al 32%, mientras que el nuevo sistema se fijó un tipo común del 16% que luego fue reducido al 15%.
En el Impuesto de Sociedades, Hungría ha seguido los pasos de Irlanda, donde los beneficios empresariales están gravados al 12,5%. El tipo general aplicado por el gabinete de Orbán ya venía siendo relativamente bajo, puesto que se situaba en el 19% frente al promedio del 25% observado en la OCDE. Sin embargo, el gobierno húngaro ha vuelto a bajar dicha tasa hasta dejarla en el 9%, el nivel más bajo de todo Occidente.
A cambio, el mix fiscal ha pasado a estar más volcado en los impuestos sobre el consumo. Así, mientras que los tipos aplicados en el Impuesto sobre la Renta y el Impuesto de Sociedades han pasado a estar entre los más reducidos del mundo rico, Hungría ha fijado el Impuesto sobre el Valor Añadido en el 27%, lo que supone un aumento de dos puntos porcentuales.
Los críticos de las rebajas fiscales advirtieron que Orbán drenaría significativamente los recursos de la Hacienda pública. Sin embargo, los ingresos impositivos observados en 2018 por los técnicos del FMI fueron un 17% mayores que los registrados en 2016. En cuanto al peso de la recaudación impositiva sobre el PIB, ha crecido levemente, del 44,9% al 45,5%.
Por otro lado, el superávit fiscal sigue siendo la norma, si bien se ha reducido del 1,5% del PIB previo a la reforma al 0,1-0,2% esperado para el cierre definitivo de 2018. No obstante, el cambio se explica por el aumento del gasto, que suben un 19% entre 2016 y 2018, por encima del crecimiento de los ingresos. Pese a dicho deterioro, el saldo final sigue siendo positivo, lo que permite reducir deuda (del 76% del PIB observado en 2016 al 71% de 2018).