Las apariencias engañan. Ésta es la principal conclusión que arroja el análisis de las finanzas autonómicas publicado por Fedea este lunes. Aunque, a priori, las cuentas públicas de los gobiernos regionales presentan una imagen general próxima al equilibrio presupuestario, tras la fuerte reducción del déficit observada desde 2015, parte de esta caída se debe a una serie de factores atípicos que no perdurarán en el tiempo, lo cual, sumado al histórico aumento que ha registrado la deuda autonómica desde el estallido de la crisis, hace que las CCAA sigan mostrando "fragilidad", sobre todo en el actual contexto de desaceleración económica.
El conjunto de las CCAA cerró el pasado ejercicio con un déficit equivalente al 0,23% del PIB, cumpliendo así holgadamente el objetivo marcado, del 0,4%, por segunda vez consecutiva desde el inicio de la crisis. El agujero autonómico se disparó poco después de estallar la burbuja crediticia, superando el 5% del PIB en 2011, para luego caer hasta 2013, estancarse en 2014 y 2015 y, finalmente, volver a reducirse entre 2016 y 2018, tal y como muestra el siguiente gráfico.
En concreto, el déficit bajó del 1,73% en 2015 al 0,23% en 2018, con una reducción acumulada de unos 16.000 millones de euros en los últimos tres ejercicio. Esta mejora responde, por un lado, a un incremento de ingresos de más de más de 24.000 millones y, por otro, a una estabilización de los gastos, que crecen en 8.000 millones.
El problema, sin embargo, es que dicha evolución presupuestaria se debe, en buena parte, "a tres factores que podrían ser atípicos o no sostenibles en años futuros", según añade el estudio. En primer lugar, unas liquidaciones del sistema de financiación muy favorables como consecuencia de un crecimiento de la recaudación superior al previsto, fruto de la recuperación económica; en segundo lugar, un nivel de gasto en intereses muy bajo en comparación con el volumen de deuda, gracias a las favorables condiciones financieras del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y el resto de mecanismos de asistencia aplicados por el Estado para evitar la quiebra de algunas autonomías; y, por último, la escasa inversión pública que mantienen los gobiernos regionales, siendo ésta la partida que más recortes ha sufrido durante la crisis.
La desaceleración económica, el previsible fin de los bajos tipos de interés por parte del Banco Central Europeo (BCE) y la caducidad de los mecanismos de liquidez estatales, así como la inevitable recuperación de la inversión pública, cuyo nivel es "insosteniblemente bajo" para el mantenimiento de activos e infraestructuras, presionarán al alza el déficit de los próximos ejercicios, añade el estudio.
Tanto es así que si se corrigen los dos primeros factores atípicos, normalizando tanto los ingresos procedentes del sistema de financiación como el pago de intereses –tras eliminar las subvenciones del Estado–, el "déficit subyacente" (real) de las comunidades autónomas ascendería al 0,45% en 2018, hasta rozar los 5.500 millones de euros, casi el doble que la cifra oficial y por encima del objetivo del 0,4% del PIB.
Aunque el "déficit subyacente" seguiría siendo muy inferior al registrado en los peores momentos de la crisis, es "importante no perder de vista que la herencia de la Gran Recesión nos deja en una situación bastante más frágil que la de partida y con un margen de maniobra limitado si los síntomas de desaceleración que observamos en los últimos meses se confirman y acentúan en los próximos trimestres", añaden los expertos de Fedea.
Lo más preocupante a medio y largo plazo es que la deuda autonómica se ha multiplicado por cinco en menos de una década, hasta estabilizarse en torno al 25% del PIB. Así pues, la gradual eliminación de los mecanismos extraordinarios de liquidez por parte del Estado y la previsible subida de los tipos de interés en la zona euro terminarán presionando al alza el gasto autonómico.
El otro factor de debilidad es la escasa inversión pública que se observa en los últimos años, ya que, hoy por hoy, apenas representa un 50% del nivel registrado en 2003, lo que supone un ahorro de más de 1 punto del PIB, cifra equivalente a más de 10.000 millones de euros. "La necesidad de aumentar la inversión para evitar el deterioro del stock de capital público presionará también sobre el gasto en los próximos años", incide el texto. Si a todo ello se le suma el actual contexto de desaceleración económica, la situación financiera de las CCAA es "bastante más frágil" de lo que aparentan los datos oficiales.
