Todos los partidos políticos, en mayor o menor medida, siguen empeñados en engañar a los jubilados, tanto presentes como futuros, con promesas que, sin embargo, no van a poder cumplir. Los nueve millones de votos que representa el colectivo de los pensionistas pesa, y mucho, sobre la estrategia electoral de las distintas formaciones de cara a los comicios generales del próximo 28 de abril, de modo que, en lugar de explicar a los españoles la insostenible situación que atraviesa la Seguridad Social para poder adoptar las medidas pertinentes, los políticos de uno y otro color optan por escurrir el bulto, prolongando así un poco más la agonía del actual modelo de reparto.
El único partido que, al menos, reconoce la realidad es Vox, cuyo programa explica la necesidad de transitar de forma progresiva hacia un sistema mixto de capitalización con el fin de complementar las futuras prestaciones públicas mediante ahorro privado. El resto sigue sin decir nada, a sabiendas de que el actual sistema sufrirá nuevos recortes y subidas de impuestos a corto plazo, empezando por el PSOE. Pedro Sánchez propone derogar la reforma de 2013 para volver a ligar la subida de las pensiones al IPC y evitar que la primera pensión se module en función de cómo evolucione la esperanza de vida. La hipocresía de los socialistas no puede ser mayor en este ámbito, ya que estas medidas elevarán aún más el déficit de la Seguridad Social, cuya cuantía ronda ya los 30.000 millones de euros al año (restando las transferencia del Estado).
El mismo partido que congeló las pensiones en 2010, en plena recesión, y con una deuda pública muy inferior a la actual afirma ahora que el sistema está garantizado y que los jubilados no volverán a padecer recortes. El problema es que mienten. Dichas prestaciones volverán a sufrir cambios en caso de que España caiga en una nueva crisis y hasta el secretario de Estado de la Seguridad Social, el socialista Octavio Granado, ha señalado en varias ocasiones que el modelo vigente afrontará nuevos retoques de aquí a pocos años para poder financiar el retiro de la generación del baby boom. Posiblemente, se apostará, una vez más, por una reforma paramétrica, al estilo de la aprobada en 2011, elevando de nuevo la edad de jubilación (ya sea la legal o la efectiva) y ampliando el período de cálculo de la pensión a toda la vida laboral, junto a otras restricciones destinadas a reducir las prestaciones, solo que de forma poco perceptible para la inmensa mayoría de la población.
La propuesta de Podemos, por su parte, no resiste el más mínimo análisis, ya que aboga incluso por derogar la reforma de 2011, recuperando así la edad de jubilación a los 65 años, junto a otras promesas de imposible cumplimiento. Su plan supondría, simple y llanamente, el colapso de las cuentas públicas, tal y como sucedió en Grecia, donde los pensionistas acabaron sufriendo un recorte del 40% en sus pagas mensuales.
Cs opta por no mojarse y, por tanto, elude uno de los grandes problemas del país, lo cual también constituye un engaño. Y el PP, después de que Rajoy convirtiera su propia reforma de 2013 en papel mojado para tratar de mantenerse en la Moncloa, coincide en revalorizar las pensiones con el IPC, al tiempo que defiende extender el período de cálculo a toda la vida laboral, obviando, eso sí, que implicaría un recorte para la mayoría de los futuros jubilados. Pese a ello, el PP introduce una medida que, sin duda, resultaría muy positiva para el conjunto de los españoles, dado que promete extender a todo tipo de activos, incluida la vivienda y los fondos de inversión, las deducciones fiscales que, hoy por hoy, tan solo disfrutan los planes de pensiones privados, con la ventaja añadida de que el rescate de dicho ahorro quedaría exento del pago de impuestos en el momento de la jubilación. Esta propuesta sería muy positiva, puesto que contribuiría a fomentar de forma muy sustancial el ahorro privado de cara a la jubilación, pero, nuevamente, se echa en falta que los populares hablen claro y expliquen a la población por qué urge tanto ahorrar para complementar las pensiones públicas.
Eso es, precisamente, lo más destacable del programa de Vox en materia de pensiones. Se podrá estar más o menos de acuerdo en su plan para transitar del actual modelo de reparto hacia uno mixto de capitalización, dado que alternativas hay muchas, pero se diferencia claramente del resto de los partidos a la hora de exponer sin tapujos el gran problema que afronta la Seguridad Social. A saber, que su mantenimiento es insostenible como consecuencia del declive demográfico, de modo que es preciso poner en marcha profundas reformas estructurales, pero no para parchear otra vez el actual modelo mediante recortes y nuevos sablazos fiscales, sino para que el sistema se asiente sobre ahorro privado y no solo sobre prestaciones públicas. Así pues, el principal mérito de Vox radica en haber abierto un debate muy importante que, por desgracia, el resto de partidos políticos han preferido ocultar bajo la alfombra durante excesivo tiempo.