La economía española creció un 1,4% en 2014, un 3,6% en 2015, un 3,2% en 2016 y un 3% en 2017. Los datos para 2018 presentados por el INE plantean una expansión del 2,6%. Dicho aumento de la producción ha permitido dejar atrás la crisis, reducir diez puntos la tasa de paro y colocar a España en una situación mucho más favorable que la observada en los años de la Gran Recesión.
Los más optimistas pensaban que la combinación de ciertos ajustes con el aumento recaudatorio que genera el crecimiento económico permitirían equilibrar las cuentas públicas en poco tiempo. Sin embargo, la cruda realidad es muy distinta y el pasivo del Tesoro no ha parado de crecer durante la última década.
Si en 2008 veíamos que el peso de la deuda sobre el PIB era del 39,5%, a cierre de 2018 encontramos que dicho indicador se mueve en el entorno del 97,2%. En términos per cápita, la deuda subió de 9.500 a 25.100 euros durante este mismo periodo. Si nos fijamos solamente en la deuda total, podemos comprobar que esta rúbrica ha saltado de 439.771 millones a 1,17 billones de euros.
En apenas diez meses, el gobierno de Pedro Sánchez ha tomado al menos cuatro decisiones que han contribuido a apuntalar esta irresponsabilidad fiscal. El póker del despilfarro sanchista empezó a tomar forma en julio del pasado año, cuando se revisaron al alza los objetivos de déficit, y ha terminado por hacerse presente en marzo de 2019, con un Ejecutivo entregado al aumento del gasto.
Pero vayamos al comienzo. El desaguisado fiscal empieza a gestarse un mes después de la moción de censura. Con Rajoy en el gobierno, el déficit previsto para 2018 era del 2,2% del PIB, mientras que en 2019 se esperaba un descuadre del 1,3%, en 2020 se planteaba un diferencial negativo del 0,5% y un 2021 se contaba con un tímido superávit del 0,1%. Sin embargo, la Administración Sánchez optó por revisar al alza todos estos objetivos y plantear un 2,7% en 2018, un 1,8% en 2019, un 1,1% en 2020 y un 0,4% en 2021. En total, hablamos de un desfase fiscal equivalente a 2,1 puntos del PIB, lo que se traduciría en 23.400 millones de deuda adicional. Repartiendo la carga entre los trabajadores, dicho deterioro supondría 1.230 euros por cabeza. Como ha explicado José María Rotellar, el fracaso en la negociación de los presupuestos no ha impedido que Sánchez gastase como si estos objetivos hubiesen pasado a estar en vigor.
La situación fue a peor en la segunda mitad del año. En su segundo trimestre en el gobierno, Pedro Sánchez permitió un crecimiento del gasto público cuatro veces superior que el observado un año antes. En el cuarto trimestre se mantuvo la misma tónica, hasta el punto de que España aumentó sus niveles de gasto público tres veces más que el promedio observado en toda la Unión Europea.
El tercer golpe no se ha hecho patente aún, pero tendrá efecto conforme empecemos a repasar la ejecución presupuestaria en 2019. Esta vez, la clave radica en la decisión del ministerio de Hacienda de permitir que los gobiernos municipales inviertan en 2019 el superávit alcanzado en 2018. Esto supone abandonar la Regla de Gasto y el conjunto de disposiciones que, en línea con la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, indican que el remanente de Tesorería debe consignarse a inversiones financieramente sostenibles (IFS) u operaciones de amortización anticipada de deuda. El gabinete socialista pretende ampliar de forma notable el alcance de las IFS, de modo que el resultado efectivo será una barra libre de gasto para los consistorios.
Pero el póker no estaba completo hasta que llegó el mes de marzo de 2019. Entonces, el gobierno inauguró los llamados viernes sociales. La idea es sencilla: para llegar con fuerza a las elecciones generales de abril, Sánchez se ha propuesto aprobar todo tipo de medidas de gasto a través de decretazos que ya han sido llevados por el Partido Popular ante el Tribunal Constitucional. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal considera que dichas medidas añadirán 920 millones al déficit final de 2019. De hecho, la institución que encabeza José Luis Escrivá entiende que el saldo negativo a cierre de año será del 2,1% del PIB, muy lejos del 1,3% que espera Bruselas y también por encima del 1,8% que anunció Sánchez en su revisión de los objetivos de déficit.