La propuesta fiscal de Unidas Podemos, de subida de impuestos para las rentas más altas y para las grandes fortunas y grandes corporaciones, contemplaría una recaudación adicional de, al menos 40.000, millones de euros en 2022.
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, acompañado del secretario de organización, Pablo Echenique, de la portavoz adjunta del grupo parlamentario, Ione Belarra, del responsable económico Nacho Álvarez y de la diputada Sofia Castañón ha presentado este lunes el programa electoral frente a los comicios del 28 de abril.
Aunque la memoria económica no ha sido difundida, tal como avanzó Álvarez en una entrevista con Efe, el propósito es que la reforma tributaria que proponen permita recaudar cerca de 40.000 millones de euros al año y consiga a lo largo de la legislatura reducir a la mitad la brecha de 8 puntos de PIB que España tiene frente a la media europea.
Fuentes de partido han explicado que se trata de que en 2022 se hayan ingresado 40.000 millones más, una vez que se han implementado todas las medidas fiscales al cien por cien. Y es que la recaudación de algunos impuestos o medidas podría ser progresiva y no tener el impacto definitivo el mismo año de su puesta en marcha, sino en el ejercicio siguiente.
En este importe estarían los 10.000 millones de euros anuales que se podrían ingresar con el nuevo impuesto a las "grandes fortunas" que afectarían a unas 95.000 familias con más de 1 millón de euros, aunque en el diseño de esta medida están exentos 400.000 euros por vivienda habitual. La recaudación proveniente de este nuevo impuesto compensaría el gasto de implantar una renta garantizada de 600 euros al mes para completar unos ingresos insuficientes, que se incrementaría en función del número de miembros del hogar hasta los 1.200 euros y cuyo coste estiman entre 10.000 y 11.000 millones de euros anuales.
Renta mínima garantizada
En cuanto a la subida del 25% del IPREM, indicador de referencia para actualizar determinadas ayudas o rentas, hasta los 672 euros mensuales, otras fuentes del partido han puntualizado que este coste se debe a que el incremento del 22% del Salario Mínimo debe ir acorde al IPREM para no hacer discriminación entre los que pueden trabajar y los que aún no han encontrado un empleo.
Tanto la subida del IPREM como la implantación de una fuente mínima de ingresos –señalan desde el partido– revertirán en un incremento del consumo interno y, por lo tanto, del crecimiento económico. El aumento de la recaudación de 40.000 millones más anuales al final de la legislatura para poder alcanzar un incremento de 160.000 millones en cuatro años provendrán fundamentalmente del Impuesto a las grandes fortunas y del Impuesto de Sociedades.
Durante la presentación del programa Iglesias ha desglosado las principales propuestas económicas y ha destacado la necesidad de una progresión fiscal que haga pagar a los que más tienen, bien a través del IRPF, del Impuesto de Sociedades, o de otro impuesto a la banca y un gravamen nuevo a las "grandes fortunas".
El secretario de organización de Podemos, Pablo Echenique, se ha referido al artículo 10 de la Constitución española que habla de los derechos "inviolables" y fundamentales del ciudadano y ha reafirmado que un gobierno de su partido garantizará que no haya ningún adulto en España que tenga unos ingresos inferiores a los 600 euros. "¿Y cómo lo pagamos?", ha preguntado Echenique a la vez que respondía que "haciendo que paguen impuestos los que no pagan".
Por su parte, el dirigente económico Nacho Álvarez se ha referido al artículo 45 de la Carta Magna que consagra el derecho a disfrutar del medio ambiente pero también a cuidarlo y ha afirmado que la política económica de Unidas Podemos tiene como "vector" principal un horizonte verde que haga reducir la contaminación y el calentamiento global del planeta.
Para ello se ha referido a la creación de un banco de inversiones y de una vicepresidencia dedicada a la transición ecológica. "Este país ya tiene talento suficiente para que en 2040 el grueso de la energía mayoritaria provenga de fuentes renovables. Sólo hace falta la voluntad política", ha puntualizado al tiempo que ha insistido en que la rehabilitación de 500.000 viviendas al año para convertirlas en eficientes, "no entraña un coste importante" y puede garantizar el empleo de mucha gente "que lo perdió en la construcción".
Por su parte, Ione Belarra ha defendido limitar las subcontrataciones cuando se trata de la actividad principal de la empresa y ha puesto como ejemplo la situación de las camareras de piso que es "una vergüenza". "Un gobierno digno debe poner en el centro los derechos de los trabajadores", ha dicho.