El Gobierno de Pedro Sánchez en colaboración con las comunidades autónomas ha aprobado una nueva medida controvertida. Ya no será necesario interponer una denuncia y obtener una sentencia favorable para percibir las ayudas y prestaciones sociales destinadas a las víctimas de violencia 'de género'.
Hasta ahora, la labor de acreditar que una mujer había sido víctima de violencia 'de género' pertenecía a los jueces. Ya no será así. Los nuevos responsables de otorgar este carné de víctima serán los trabajadores de los servicios sociales de la comunidad autónoma correspondiente, cuya figura está muy cuestionada tras las irregularidades detectadas en Andalucía o el polémico caso de la asesora de Juana Rivas, Francisca Granados, trabajadora del Centro Municipal de la Mujer (CIM) de la localidad de Macarena en Granada.
Así lo acordó hace escasos días la secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, quien presidió la Mesa de la Conferencia Sectorial de Igualdad en la que se consensuaron los criterios para ampliar el mecanismo estatal por el que las víctimas ya no necesitarán que su caso sea judicializado. De este modo, se prescindirá de todo litigio legal y, sin juicio previo, la persona que se acerque a la delegación de bienestar social de su ayuntamiento más cercano, podrá declarar que ha sido maltratada por su pareja o ex y, automáticamente, salir con el título habilitante de víctima que le reconocerá el acceso a las ayudas y prestaciones sociolaborales, amparada en la La Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección integral frente a la violencia 'de género'.
Más de 100 millones a repartir
En la citada reunión, Gobierno y CCAA acordaron también el reparto de unos 100 millones de euros para el mantenimiento y mejoras del contexto institucional que envuelve a las víctimas: campañas, protocolos de coordinación y colaboración, sistema de acompañamiento, prestaciones sociales, formación educacional y refuerzo de las unidades forenses.
A esto se le suma otra partida de 9,5 millones de euros para la asistencia social integral a las víctimas de la violencia 'de género', programas para víctimas de violencia sexual y otras formas de violencia contra las mujeres y otros programas de apoyo a víctimas de agresiones y abusos sexuales. La relación de los organismos que darán veracidad a las víctimas ya ha sido publicada por el Gobierno en su página web y puede ser consultada por los usuarios.
"Es una temeridad"
Expertas en materia de igualdad entre hombres y mujeres como Teresa Giménez, eurodiputada del Grupo Alianza de Liberales y Demócratas por Europa y escritora, han valorado negativamente esta nueva normativa. La política ha calificado la expulsión de los jueces de este proceso como "una temeridad".
Desde Bruselas, la parlamentaria ha mostrado gran preocupación a Libre Mercado: "Esta nueva medida es muy peligrosa. El movimiento feminista está frivolizando el maltrato. La condición de víctima debería estar protegida por la justicia. Lo único que consiguen con esto es abrir la puerta a que cualquier mujer que se sienta como víctima pueda acudir a un organismo y ser tipificada como tal por unos trabajadores que harán de jueces. Es una vulneración del Estado de derecho".
Asimismo, Giménez ha recordado la situación en la que se deja a los hombres. "Esto en una sociedad democrática no se debería tolerar. Es un incentivo perverso para propiciar denuncias falsas. Naturalmente, esto va a agravar la desigualdad entre hombres y mujeres. Dar por sentado unas acusaciones sin la necesidad de que lo dictamine un juez deja expuestos a los hombres. La culpabilidad de estos varones será prejuzgada. Sin duda, dinamita nuestro sistema legislativo. Sobre todo dejará desprotegida a las mujeres que verdaderamente están sufriendo violencia doméstica y a las familias con situaciones de maltrato. Esto va a salir mal. Lo que ocurre es que cuando se manejan 100 millones de euros esta causa se hace muy apetitosa y lo que hace es incentivar el clientelismo que tienen determinados partidos políticos", advierte la europarlamentaria.