Tras alcanzar el poder en mayo de 2015, los gobiernos locales y autonómicos conformados por PSOE, Podemos y diversos partidos separatistas anunciaron medidas orientadas a contener el encarecimiento de los alquileres. La promesa de la izquierda al electorado era clara: su llegada a las instituciones se traduciría en un descenso del precio de los arriendos.
Ahora que la legislatura se agota, las cifras constatan que el comportamiento del mercado ha sido muy distinto al anunciado por socialistas, comunistas y secesionistas. Lejos de haberse producido el abaratamiento prometido, el precio del alquiler ha subido de forma significativa en las grandes capitales españolas.
Ante este fracaso, PSOE, Podemos y sus socios separatistas han optado por aprobar una retahíla de medidas intervencionistas que cargan las tintas sobre las viviendas de uso turístico. Los pisos arrendados por particulares o servicios como Airbnb se han convertido en el chivo expiatorio con el que los autoproclamados gobiernos del cambio pretenden excusar su fracaso.
El problema es que basta con repasar el tamaño del parque de viviendas y comprobar después el número de pisos dedicados al alquiler turístico para comprobar que no estamos, en absoluto, ante una situación de saturación. De hecho, la ciudad con un mayor porcentaje de vivienda dedicada a este sector apenas registra una cuota de mercado del 4%.
Así lo ha explicado en un encuentro con diversos medios de comunicación Tolo Gomila, que preside la Federación Española de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR). Esta patronal aúna más de una veintena de asociaciones y representa a los propietarios de 186.000 viviendas consignadas a este uso.
En opinión de Gomila, "es necesario establecer una definición a nivel estatal de las viviendas de uso turístico. Si queremos regulación, tendrá que ser desde una base común. Con una solución así, la incertidumbre y la carga judicial se reduciría de forma importante. Lo que tenemos ahora son diecisiete definiciones diferentes de lo que es una vivienda de uso turístico. En cada comunidad, el marco es distinto. Y a eso hay que sumarle los Ayuntamientos, que también están regulando el sector".
Para el presidente de FEVITUR, el sector está dando ejemplo con su progresiva normalización y formalización. Sin embargo, Gomila ha lamentado que la respuesta de los gobiernos locales de Barcelona, Madrid o Palma de Mallorca ha sido abordar la regulación del alquiler turístico desde posturas que ha definido como "populistas".
No llegan al 4% del mercado
Según los datos oficiales, las viviendas de uso turístico representan menos del 4% del parque residencial de la ciudad de Barcelona. En Madrid, este porcentaje es aún más bajo: apenas representa el 0,79%. Tampoco es mucho mayor la ratio observada en Palma de Mallorca, donde los pisos turísticos son apenas el 1,2% del parque de viviendas.
Si extendemos el cálculo a las autonomías con mayor peso de las actividades turísticas, encontramos que los datos regionales refuerzan este argumento. En Cataluña, los pisos de este corte son apenas el 2% del total, mientras que en Baleares suponen el 6,79% y en el archipiélago canario suponen el 3%.
Con porcentajes tan bajos, no tiene sentido insistir en que el encarecimiento del alquiler se explica por la operativa de este sector. Incluso en zonas céntricas que tienen un mayor porcentaje de pisos turísticos hay cifras que desmontan las tesis de la izquierda. Es el caso de Madrid, donde en el año 2017 se dio un encarecimiento del 7,9% en los precios del alquiler, pero el distrito con más presencia de pisos turísticos (Centro) experimentó una subida inferior a la media (7,5%).
La respuesta liberal
Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué deberían hacer los próximos gobiernos regionales y locales? De entrada, sería recomendable escuchar el reclamo de FEVITUR y establecer una única normativa. En segundo lugar, es vital que las administraciones regionales y locales dejen de estrangular la oferta de obra nueva. Por último, dichos gobiernos tienen la responsabilidad de mejorar el tratamiento fiscal del alquiler, reducir el precio de las licencias y blindar la propiedad privada ante los continuos ataques del colectivo okupa.