Siguen los escándalos de gestión del dinero púbico en la Junta de Andalucía. Además de los dineros perdidos en multas o sentencias, de los euros perdidos en impuestos no cobrados, de las cantidades no pagadas a proveedores, ahora se ha sabido que en la Administración "paralela", sus directivos se donaban dinero unos a otros y contrataban a su personal de manera absolutamente irregular.
La Cámara de Cuentas de Andalucía auditó las cuentas anuales de 2015 de la Empresa Pública Verificaciones Industriales de Andalucía, Sociedad Anónima, (VEIASA) –que se encarga, por ejemplo, de la Inspección Técnica de Vehículos–, y además llevó a cabo una fiscalización de cumplimiento para emitir una opinión sobre la entidad.
Su conclusión fue que dos convenios de colaboración empresarial de 2008, uno con la Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía por importe de 14 M€ y otro con la Fundación Red Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, por importe de 2 M€, fueron absolutamente irregulares.
Mediante estos convenios, VEIASA se comprometía a colaborar mediante una aportación económica al desarrollo de los programas de las Fundaciones, y éstas se obligaban a "difundir la participación de VEIASA en toda la publicidad que se realice del evento o actividad que desarrolle".
Pero en 2014, la Intervención general de la Junta remitió un informe del Gabinete Jurídico de la Consejería de Hacienda y Administración Pública que "considera que las aportaciones de VEIASA, en virtud de los convenios de colaboración empresarial suscritos en 2008, tramitados prescindiendo de procedimiento alguno para los mismos, incluida la preceptiva autorización del Consejo de Gobierno prevista en el artículo 19 de la Ley 24/2007, de 26 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, constituyen una donación modal o con cargas no relacionadas con el objeto social de VEIASA".
El informe concluía que los fondos no patrocinaban nada ni era consecuencia de ninguna contraprestación. Vamos, que Veiasa había regalado los fondos a esas dos fundaciones mencionadas sin estar legitimada para ello. La Intervención concluyó que tal donación suponía un quebranto de los derechos económicos de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y solicitaba a VEIASA la recuperación del dinero.
El 1 de agosto de 2014, VEIASA requirió a ambas fundaciones la devolución de las cantidades correspondientes. La Fundación Andalucía Emprende consignó los 2 millones donados como deuda a Veiasa, pero ésta no lo especificó como derecho de cobro. Por su parte, la Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía se negó a restituir los 14 millones recibidos. De ese modo, Veiasa fue a los tribunales y perdió en primera instancia.
Tras su recurso de apelación, la sentencia estimó los argumentos de Veiasa declarando nula l donación efectuada y se condenaba a la Corporación a reintegrar a la demandante el importe de la aportación económica recibida en virtud del citado Convenio, ascendente a la suma de CATORCE MILLONES de euros (14.000.000 euros) e intereses procesales desde la fecha de la presente resolución, imponiendo a la demandada las costas de la primera instancia".
El dedo como sistema habitual de contratación
Según el mismo informe de la Cámara de Cuentas, "los procedimientos de selección del personal sujeto a Convenio Colectivo se han llevado a cabo de acuerdo con el Manual de Procedimientos de la empresa (anuncio en su página web). No obstante, en el ejercicio 2015 se incumple la obligación de publicar la convocatoria en medios oficiales.
En dos casos se incumplieron los principios de igualdad, mérito y capacidad establecidos porque, aunque los contratados eran considerados directivos, no se consideraban alta dirección al no figurar como tal en los Estatutos.
Otro ejemplo es que en 2013 se creó un nuevo puesto sin la correspondiente autorización de la Consejería competente, puesto que fue ocupado por un trabajador nombrado de forma directa por el Consejo de Administración, sin la autorización y los informes previos y favorables establecido en la Ley de presupuesto de 2013 de la Comunidad Autónoma de Andalucía. NI siquiera tenía contrato laboral formalizado.
Más aún. En el ejercicio 2013, y ante las situaciones de urgencia y necesidad, como ha sido habitual en la Junta en los últimos 36 años, la empresa formalizó 18 contratos eventuales a 16 personas, sin presentar las preceptivas solicitudes y sin obtener las correspondientes autorizaciones por parte de la Junta de Andalucía.
Veiasa, de propiedad pública, se fundó en 1990 para gestionar en régimen de exclusividad las ITV en Andalucía. Según su propia información la red de estaciones de ITV fijas está compuesta por 60 estaciones repartidas por toda Andalucía. Prestando servicio a los 5.365.010 vehículos que componen el parque automovilístico de dicha comunidad autónoma. Tiene una media de 1.175 empleados sobre los que recaen dudas razonables sobre su contratación según los informes de la Cámara y las denuncias sindicales.