PSOE, Podemos y los grupos separatistas han reeditado el acuerdo que hizo posible la moción de censura de 2018 para aprobar los decretazos electorales del gobierno que dirige Pedro Sánchez. El alquiler se verá afectado por la convalidación del Real Decreto-ley 7/2019, que impulsa "medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler". Entre los cambios introducidos está el incremento de la duración de los contratos, la contención de las fianzas exigibles a los arrendadores, el retraso de los procesos de desahucio o la fijación de la subida de los alquiler a la evolución del IPC.
Los expertos en el sector insisten en que el Real Decreto-ley está mal enfocado en forma y fondo. Distintos empresarios del ramo consultados por Libre Mercado cargan las tintas sobre cinco cuestiones: el proceso de aprobación parlamentaria, las cifras que se han presentado para vender la idea de que alquilar supone cada vez más esfuerzo, las nefastas consecuencias que han tenido anteriores acuerdos de la izquierda referidos al alquiler y aprobados a nivel regional o local, la evolución histórica de los precios y el peso de los desahucios sobre el total de contratos vigentes.
'Decretazo'
El artículo 86 de la Constitución apunta que la figura del Real Decreto-ley debe aplicarse solamente cuando concurran "causas de extraordinaria y urgente necesidad" y cuando "no se afecten derechos contenidos en el Título I de la Constitución". El Gobierno de Pedro Sánchez tuvo nueve meses para tomar medidas sobre el alquiler, pero lo aprueba ahora a escasas semanas de las elecciones, de modo que el carácter de "extraordinaria y urgente necesidad" es indefendible.
Por otro lado, el derecho de propiedad (art. 33), el derecho a la libre empresa (art. 38) y el derecho a la vivienda (art. 47) están dentro del Título I de la Carta Magna, de modo que jamás debió tramitarse un Real Decreto-ley como el que acaba de aprobar la diputación permanente del Congreso con los votos de PSOE, Podemos y separatistas.
Renta dedicada al alquiler
El Gobierno argumenta que "el 42% de los hogares destina más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler". En realidad, el pico se alcanzó en 2014 y hoy se registra una tasa cinco puntos menor que, de hecho, supone el segundo mejor dato de la última década (en 2009 se llegó al 41,4%).
El alquiler sube donde gobierna la izquierda
El Ejecutivo también afirma que el precio de los alquileres "se ha incrementado en más de un 15% y llega a superar el 30% en algunas localidades". Lo que no dice el sanchismo es que esas subidas del 30% se dan, precisamente, allí donde gobierna la izquierda: Madrid, Barcelona, Palma… Dicho encarecimiento se explica por el estrangulamiento de la oferta de obra nueva y por las continuas trabas introducidas en el mercado desde los llamados gobiernos del cambio.
Subida… ¿o recuperación?
En términos absolutos, el precio del alquiler hoy es inferior al que había antes de la crisis, a pesar de que el PIB ya ha rebasado los umbrales que se registraban antes del pinchazo y de que la economía acumule más de un lustro con tasas de crecimiento muy elevadas. No hay que olvidar que, en comparación con los niveles pre-crisis, el alquiler es más barato en todas las comunidades, salvo Baleares y Cataluña, donde los niveles vigentes son apenas un 1,4% y un 1,3% mayores.
En cuanto a las cifras del alquiler local, solo hay diez municipios por encima de los niveles previos a la crisis, pero el repunte del precio no llega al 5% en el caso más acusado, que es una Barcelona donde ya en el segundo semestre de 2018 se empezaron a registrar descensos en el coste de los arrendamientos.
Los desahucios afectan al 0,8% del mercado
Los desahucios también forman parte del argumentario del Gobierno y sus aliados. Sin embargo, los lanzamientos producidos cada año representan apenas el 0,8% de los contratos de alquiler en vigor. Por tanto, volvemos a ver que este tipo de escenarios puntuales se presenta ante el electorado como un drama extendido y predominante en el ámbito de la vivienda.