Si algo ha demostrado Pedro Sánchez es que está dispuesto a todo con tal de mantenerse en el poder, desde pactar con los golpistas y la extrema izquierda, enemigos de la democracia y los derechos y libertades básicas, hasta emplear las instituciones en beneficio propio vía decretazos para comprar votos de cara a las elecciones generales, sin importar la elevada factura que supondrá para el conjunto de los contribuyentes o la estabilidad económica del país. La subida de las pensiones, el incremento salarial a los funcionarios o la histórica oferta de empleo público que aprobó recientemente el Gobierno del PSOE son tan solo algunas muestras del particular electoralismo que ejerce Sánchez con el dinero de todos. Hasta tal punto llega su ambición política que incluso usa a los parados como arma electoral.
El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un plan destinado, en teoría, a luchar contra el paro de larga duración, en alusión a los desempleados que llevan más de un año sin trabajar, un problema que afecta especialmente a los jóvenes, mayores de 50 años y personas de baja cualificación. Sin embargo, la medida en cuestión, además de no solventar ninguno de los problemas que pretende combatir, supondrá un nuevo despilfarro de recursos públicos. En concreto, el plan en cuestión contará con más de 1.300 millones de euros durante tres años para, según las estimaciones del Ministerio de Trabajo, reducir los parados de larga duración en 422.000 personas, a razón de unos 3.100 euros por parado.
Si a esta cuantía se suma, además, el subsidio para parados mayores de 52 años y la cotización de personas dedicadas al cuidado familiar, el presupuesto total ronda los 4.000 millones de euros. Por desgracia, esta ingente cantidad de dinero no servirá para recolocar parados, sino para aumentar y prolongar el reparto de pagas y prestaciones con el único fin de captar votos, lo cual, más allá de resultar inmoral, al aprovecharse de gente necesitada para ganar las elecciones, resulta muy injusto, puesto que esta estrategia únicamente contribuye a anquilosar el problema del paro en España.
De hecho, lo único que ha logrado Sánchez hasta el momento es frenar tanto la creación de empleo como la reducción del paro. Prueba de ello es que otra de sus medidas estrella, como es la histórica subida del salario mínimo interprofesional y el incremento de las cotizaciones sociales, ya se está traduciendo en la destrucción de puestos de trabajo y una abrupta caída de la contratación indefinida a nivel interanual, que perjudica, especialmente, a los más jóvenes y menos cualificados.
Tal está siendo el desastre que están cosechando sus políticas en materia laboral que el Ministerio de Trabajo ha optado por ocultar en sus notas oficiales el descenso de los contratos indefinidos, tras las caídas registradas en febrero y marzo, después de encadenar 60 meses de alzas ininterrumpidas. Y todo ello sin contar que el Gobierno también está disparando el empleo público, a imagen y semejanza de lo que hizo Zapatero tras el estallido de la crisis, para intentar ocultar los malos datos de paro y ocupación. El socialismo es el mayor enemigo de trabajadores y parados.
La única solución posible al crónico drama del paro que sufre España consiste en contar con un mercado laboral muy flexible, menores costes laborales y un sistema de políticas activas de empleo eficiente para formar y recolocar parados mediante la externalización de dichas funciones a través de empresas privadas, dejando al margen a sindicatos, patronal y el antiguo Inem, tal y como sucede la mayoría de países ricos.