España es hoy en día un país en el que una parte de la opinión pública y una parte importante de la clase política hacen del pago de tributos un tema moral de una importancia extrema. Hasta tal punto llega esta inquisición impositiva que son legión los que se muestran dispuestos a quemar en la hoguera a todo aquel que intente pagar menos impuestos, incluso haciéndolo de forma completamente legal, y, sin duda, un político condenado por defraudar a Hacienda tendría muchos más problemas para presentarse a unas elecciones que un condenado por terrorismo o una cómplice de asesinato. Ahí están ejemplos de todos conocidos.
Es una forma de moral pública absolutamente descabellada, pero aún lo es más cuando en la contraparte encontramos una Administración tributaria que es sin duda de lo peor que tiene España en este momento, dispuesta a aprovechar todos los resquicios para saquear a los ciudadanos, especialmente a las clases medias, además de absolutamente inmisericorde con los más débiles si tiene la oportunidad.
Es el caso de la adolescente de 16 años Inés Carrión, que ha denunciado en los medios cómo el Fisco le va a robar –sí, eso es robar, aunque no sea un delito contemplado en el Código Penal– parte de un premio académico obtenido por sus excelentes calificaciones. La cantidad es modesta –aunque no tanto para una estudiante–, pero el escándalo es mayúsculo: Inés ha tenido que trabajar durísimo para lograr unas notas excepcionales, mientras que Hacienda se ha limitado a quitarle su dinero sin ninguna consideración.
Obviamente no es el único caso: recientemente vimos cómo a un concursante de televisión, el famoso Fran de Pasapalabra, que había acumulado una importante cantidad de dinero gracias a su esfuerzo, Hacienda le desvalijaba quitándole nada menos que 800.000 euros. El descaro de estos atracos es absoluto, ya que la Agencia Tributaria penaliza con el máximo rigor los premios que, como el de Fran o el de Inés, se han ganado con esfuerzo y despliegue de conocimientos, pero es mucho más suave para los sorteos de azar, con los que el Estado hace un pingüe negocio.
A esto hay que sumar tributos absolutamente abusivos como el de Sucesiones, queha arruinado y arruina a miles familias; o el de Actos Jurídicos Documentados, un indefendible sablazo a los compradores de inmuebles impuesto arbitrariamente por los políticos, que al mismo tiempo se muestran muy preocupados por el problema del precio de la vivienda, ¡que hipocresía tan despreciable!
Y todo dentro de un clima de auténtico terror fiscal, en el que las normas están dictadas para dar un enorme margen a la arbitrariedad y en el que la interpretación de esas normas cambia de año a año y siempre a beneficio del saqueador, comportamiento que sería abiertamente inconstitucional en cualquier otra rama del Derecho.
Encima, esta forma organizada de latrocinio trata de revestirse de una justificación moral por la que parece que debamos sentirnos particularmente felices por ser robados. Porque lo cierto es que no todos los impuestos se dedican a hospitales y colegios, como trata de difundir la propaganda estatal; la verdad es que la mayor parte de lo recaudado se destina a mantener una inmensa maquinaria llena de funcionarios improductivos, chiringuitos, subvenciones multimillonarias y amiguismo, una costosísima estructura directamente conectada con los políticos que dictan las normas y se benefician del reparto del maná estatal. La dura realidad es que el dinero de Inés, el de Fran y el de todos los contribuyentes no sostiene el estado del bienestar, sino el bienestar del Estado.