El decreto ley sobre vehículos de alquiler con conductor (VTC), como Uber y Cabify, que acaba de entrar en vigor en la Comunidad Valenciana establece un plazo para la aplicación del tiempo mínimo de precontratación de quince minutos y se habilita a las entidades locales para modificar las condiciones del servicio. Con este decreto, la Generalidad Valenciana es la última comunidad autónoma en ceder a los taxistas. Este martes Uber ya se había sumado a Cabify en su intención de "adaptar" su modelo operativo a los requisitos impuestos en la nueva norma, a pesar de considerar que "supone un retroceso en materia de libertad de elección, calidad de servicio y sostenibilidad medioambiental".
Lo que se desconocía hasta el momento es que habría excepciones para los trabajadores de las propias administraciones públicas ubicadas en la Comunidad Valenciana. Como informa el periódico El Mundo, según las fuentes de la Consejería de Obras Públicas, "por norma general, las Administraciones Públicas recurren al servicio de taxis, si bien los jueces y fiscales de guardia pueden puntualmente optar por contratar un VTC (para un levantamiento de cadáver, por ejemplo)".
Por tanto serían estos y en estas circunstancias los trabajadores de la Administración los que en principio estarían exentos del decreto ley. Sin embargo, en la redacción del artículo 3.1 no se hacen matices y se permite el uso inmediato de VTC cuando se trate de "contratos de servicios a prestar a las distintas Administraciones Públicas". De esta manera, funcionarios y políticos de la Comunidad Valenciana, a diferencia del resto de usuarios, no tendrán que esperar los 15 minutos mínimos de rigor que fija el decreto para poder subirse a una VTC.