AGREMIA es la patronal que agrupa a las empresas madrileñas dedicadas a las instalaciones de servicios energéticos. La asociación engloba a más de 2.000 sociedades y cuenta con más de cuarenta años de trayectoria, de modo que hablamos de una voz sobradamente autorizada para pronunciarse sobre la incidencia de la calefacción en los indicadores de contaminación que tanto debate están generando en la Villa y Corte.
De acuerdo con las cifras oficiales de la Agencia Europea del Medio Ambiente, se estima que el 13% de las emisiones contaminantes se derivan del transporte el carretera, mientras que la calefacción y el consumo energético de viviendas y espacios comerciales causan el 56% del total. Por este motivo, AGREMIA ha manifestado que el gobierno de Manuela Carmena se está equivocando al centrar su estrategia medioambiental en las restricciones al tráfico rodado.
A nadie escapa que la activación del protocolo anticontaminación en la capital española tiende a coincidir con las fechas de encendido de los sistemas de calefacción centralizada. Cuando las calderas empiezan a funcionar, los indicadores de emisiones se ponen en rojo. Cuando termina el frío, el apagado acarrea también una mejor calidad del aire.
De acuerdo con los datos que maneja AGREMIA, Madrid sigue contando con 350 calderas de carbón, de modo que las tecnologías más contaminantes siguen presentes en el mix energético de la capital. De hecho, la patronal ha recalcado que 200 de esas 350 calderas de carbón están ubicadas en la almendra central, de modo que la caída de la contaminación que se espera lograr con las restricciones al tráfico se ve neutralizada, en gran medida, por las emisiones que generan estos edificios.
Acción regional frente a inacción municipal
La Comunidad de Madrid ha tomado algunas medidas en este sentido. Además de bonificar la compra de vehículos eléctricos con hasta 5.000 euros, el gobierno regional impulsa anualmente un Plan Renove de Salas de Calderas que ya ha financiado 1.800 actuaciones de sustitución, con ayudas que cubren entre el 20% y el 50% del coste asumido.
Sin embargo, a pesar de que Manuela Carmena heredó un holgado superávit presupuestario, el gobierno municipal no ha tomado medidas significativas en este ámbito. Por eso, AGREMIA ha reivindicado una línea de ayudas que, echando mano del dinero que no se está invirtiendo, contribuya a sustituir las calderas de carbón por instalaciones más eficientes.