Acciona recurrirá en los tribunales la última propuesta de liquidación del contrato de la gestión de la compañía Aigües Ter Llobregat (ATLL) realizada por la Generalidad de Cataluña, cifrada en 53,8 millones de euros y aprobada este martes en el Consejo Ejecutivo del Gobierno de Cataluña.
Este importe contrasta con la indemnización de 1.036 millones que la compañía considera que le corresponde, unos 305 millones por la anulación del contrato y los otros 733 millones, en concepto de daños y perjuicios.
Según el acuerdo adoptado por el Gobierno catalán, la liquidación definitiva final se realizará en julio de 2019, una vez la sociedad aporte la documentación contable y oficial acreditativa de los conceptos reconocidos en esta liquidación provisional.
De su lado, Acciona, en un comunicado, ha asegurado que se mantiene en las alegaciones que presentó el pasado 14 de enero, desestimadas ahora por la Generalidad.
En estos argumentos, la compañía ya indicó que la última propuesta del Gobierno catalán constituía un "fraude de ley", era "claramente fraudulenta" y tenía una "esencia confiscatoria".
"El pago mínimo por la liquidación del contrato debe ser de 305,2 millones, a los que se suma la indemnización por daños y perjuicios que eleva la factura a 1.036 millones de euros", ha insistido Acciona.
Para la concesionaria, esta segunda propuesta de la Generalidad, planteada a finales de diciembre, incorpora algunos "retoques y matices de carácter cosmético" pero mantiene "la esencia confiscatoria" de la primera.
"Confiscación"
El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, ratificó recientemente la disposición de la compañía de llevar al Gobierno de Cataluña a los tribunales por la "confiscación" del contrato de gestión de ATLL, la compañía que abastece de agua potable a 4,5 millones de habitantes de esta Comunidad.
"La actuación de la Administración de Cataluña es improcedente y la recurriremos en los tribunales", aseguró Entrecanales con ocasión de la presentación de los resultados anuales del grupo.
"Continuaremos cuestionando la confiscación de ATLL en todas las instancias legales posibles", añadió para además asegurar que toda iniciativa judicial irá de la mano con su socio en este contrato, el fondo británico Pioneer Point Partners.
"Entramos en ATLL con la mejor voluntad y cumplimos de forma rigurosa con todo lo comprometido, y la actitud de la Administración catalana es improcedente y la recurriremos a los tribunales", reiteró entonces el presidente de Acciona.
La anulación del contrato tiene un impacto de 98 millones de euros en el beneficio de Acciona que, no obstante, no ha tenido que realizar provisión alguna en sus cuentas, tal como han avalado además sus auditores.
La resolución del contrato de concesión de la ATLL es consecuencia de la sentencia emitida hace un año, en febrero de 2018, por el Tribunal Supremo, que ratificó la anulación del contrato de concesión ya dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en junio de 2015 ante los recursos que interpusieron alguna de las partes implicadas en la contratación de este servicio.