La Fiscalía Provincial de Valladolid ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Instrucción contra la exmujer y una de las cuatro hijas del fundador del conocido Grupo Pesquera, Alejandro Fernández. La fiscalía ha denunciado por detectar presuntos delitos de falsedad en documento mercantil y público, administración desleal y de tipo societario, en una operación en la que maniobraron para sacar al fundador de la administración de las bodegas.
El matrimonio se separó hace dos años y ahí comenzó la guerra. Fernández cuenta con el apoyo de una de sus hijas y la ex, con el de las otras tres. Precisamente, al ser cuatro contra dos sumaban una mayor participación familiar en la empresa Alejandro Fernández Tinto Pesquera S.L. Esta posición la usaron para desplazar a padre e hija de los consejos de administración.
"Derivado de la ruptura matrimonial, aún no formalizada, las denunciadas han pretendido apartar a Alejandro Fernández de la totalidad de la gestión y tanto de las empresas como de las bodegas, lo que se ha realizado a través de distintos acuerdos sociales en las mercantiles, incluyendo el no reparto de los beneficios de tales sociedades que habitualmente se realizaba", explica el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso Europa Press.
El pasado 5 de marzo de 2018, se celebró una Junta Extraordinaria en la que se transformó la administración existente por un sistema de mancomunado que integrarían el matrimonio y dos de las hijas, y que establecían como "suficiente" las firmas de dos de estos cuatro administradores para poder hacer cambios en la empresa. Esto se produjo con la oposición de Fernández.
Con esas dos firmas, la de la madre y la de una de las hijas, el 23 de julio de 2018 Alejandro Fernández fue cesado como administrador de la empresa que fundó. "Se denegó el acceso a las cuentas totales de la compañía y se acordó el destino de los beneficios de la sociedad, 4,4 millones de euros, a reservas voluntarias y no a dividendos", recoge la Fiscalía.
Un mes después, se celebró otra junta en la sociedad Condado de Haza, perteneciente al grupo. En aquella junta se acordó el cese de Fernández y de la hija que le apoyaba, Eva Fernández Rivera. Los beneficios no se repartieron (ascendían a 978.028 euros y se destinaron a reservas voluntarias.
A pesar de todo, Alejandro Fernández, seguía siendo el propietario de las tierras y de las edificaciones del Grupo Pesquera y, además, ostentaba la tarjeta de viticultor, una acreditación imprescindible para poder obtener la Denominación de Origen Ribera del Duero. Por eso, Fernández estaba dispuesto a recoger la cosecha y si no se la compraba el Grupo Pesquera, se lo vendería a otros dos grupos interesados.
El problema surgió porque la exmujer esgrimió la existencia de un contrato en el que Fernández le arrendaba la totalidad de las fincas a su hija Olga por un periodo de diez años por un precio de 130.344 euros. La denuncia afirma que este contrato es falso y que además está manipulado.
La Fiscalía de Valladolid sostiene que "es un contrato simulado con el fin de construir un instrumento jurídico que excluyera la Tarjeta de Viticultor de Alejandro Fernández, con el fin de conseguir otra a nombre de Olga Fernández Rivera que permitiera recoger la cosecha del año 2018 y su comercialización en las bodegas del Grupo Pesquera bajo la Denominación de Origen Ribera del Duero".
El texto añade además que el contrato se firmó "a sabiendas de que Emilia Rivera como partícipe de una sociedad de gananciales suspendida por la separación de hecho, no podía suscribir un contrato de arrendamiento de inmuebles por 10 años, por el exiguo precio pactado y con exclusión jurídica, física y económica de Alejandro Fernández".
En cuanto a la cosecha de 2018, fue la hija de Fernández quien recogió la cosecha, pero "hoy por hoy no ha podido ser comercializada bajo la Denominación de Origen 'Ribera del Duero', con las pérdidas económicas que ello ha supuesto" para las empresas. La cosecha está precintada y sin esa acreditación de calidad y procedencia, sólo podría comercializarse como vino de mesa.