Empezada la vorágine electoral, con cierto hastío y ganas de pronunciarnos en las urnas de una vez, quiero hoy comentar el espinoso asunto de la Ciudad de la Justicia de Valdebebas, lo que me llevará al diagnóstico sobre un sistema caduco e injusto de regulación de las cesiones de terrenos a las administraciones públicas, realizadas con el objetivo de cumplir con los principios básicos constitucionales que han de guiar los procesos urbanos, como el de equidistribución, función social de la propiedad, participación en las plusvalías generadas por el planeamiento.
La Comunidad de Madrid elige a Valdebebas para el reagrupamiento de sedes judiciales. Ningún propietario de Valdebebas solicita, insta o sugiere al gobierno regional que traiga al desarrollo tal proyecto, aunque la decisión ilusione. En el origen de la decisión, la mejora del sistema judicial, la concentración de sedes para superar las deficiencias en el funcionamiento y en la propia atención a la ciudadanía, defecto al que se unían otras dificultades, como el agotamiento de los espacios existentes y la antigüedad de muchos de aquellos edificios, con sus consiguientes disfunciones. Adoptada la decisión, se exige a los propietarios de los suelos de Valdebebas, constituidos en Junta de Compensación, la cesión de 225.000 m2 de suelo para su implantación, más una cuantía adicional en concepto de cesiones supramunicipales por importe de 28 millones de euros.
La Junta de Compensación modifica el plan parcial de ordenación del ámbito y el proyecto de urbanización para dar cabida a la ciudad de la justicia. Ello implica demoras, replanteo y modificación de todos los planos de ordenación y usos del ámbito, redistribución de calles, reforzamiento de servicios y suministros, nuevas exigencias y cambios contractuales, complicados y costosos en todos los casos, con compañías suministradoras, reubicación de la estación de cercanías, rediseño de zonas de seguridad, conexiones, encajes topográficos. Las dimensiones económicas, aunque no entraré hoy en detalle, imaginan bien, son elevadas.
Se convoca por la Comunidad de Madrid concurso de proyectos, se adjudican, se crea una empresa gestora, se desiste del proyecto, se vuelve a retomar, comienzan impugnaciones y judicialización y llega la crisis. Y, después, las acusaciones, imputaciones por corrupción y el largo etcétera hasta hoy.
Entretanto, los juntacompensantes cumplen sus obligaciones urbanísticas en plazo, realizan inversiones y trabajan sin descanso para afrontar sus compromisos. Nótese que, una vez puestas las condiciones por la administración y cumplidas aquéllos no se produce la esperada reciprocidad. El quid pro quo que debiera guiar la participación de todos los intervinientes en un desarrollo urbanístico, incluyendo, por supuesto, a las administraciones públicas tutelares y/o responsables.
Nuestro sistema impone a los propietarios obligaciones y plazos concluyentes para su cumplimiento. Ese proceso termina con el derecho a edificar de quien ha arriesgado su patrimonio. Si no se cumplen los plazos, se aplica la ley y pierden el derecho a edificar. Sin embargo, a las administraciones se les cede suelo, en cantidad ingente por cierto, y no asumen ninguna obligación. Más allá de incluir memorias económicas en los instrumentos urbanísticos, con grandilocuentes declaraciones de intenciones, no responden ante propietarios y ciudadanía, para darles a los suelos que reciben los usos previstos, que se resumen en prestar los servicios que la ciudad que va creciendo y los ciudadanos que van llegando precisan. No se comprometen a acompasar el crecimiento urbano con las dotaciones cuya responsabilidad asumen. El entorno urbano aumenta y nadie puede afear a ayuntamientos y comunidades autónomas la inexistencia de aquellas dotaciones que, en el mejor de los casos, llegarán mucho después de que se haya completado la urbanización y de que sus habitantes tengan que acudir, durante años, a veces decenas de años, a colegios lejanos, hospitales distantes, comisarías extrañas.
Así ocurre con la Ciudad de la Justicia de Valdebebas. Existe un gran edificio construido, el Instituto de Medicina Legal, más de 20 millones de euros de inversión y en el que gastamos cerca de 200.000 euros anuales solo en garantizar su seguridad e integridad. Pero no está destinado a ningún uso. Se yergue en mitad del páramo, abandonado. El resto del suelo cedido, más de 200.000l metros cuadrados, están abandonados a su suerte, solamente pisados por varias docenas de conejos. Añádanse más de 2.000 metros de galerías subterráneas, el "Azca" de Valdebebas, en los que se invirtieron decenas de millones y que esperan, olvidadas, a ser utilizadas.
Llegan las elecciones. Algunos políticos huyen de ciudad de la justicia, otros, como nuestra alcaldesa, se apresuran a afirmar que le encantaría que ese complejo se construya en la ampliación de la Castellana. Otros, que pudiera ser otra ubicación. Algunos arriman, con rapidez, el ascua a su sardina. Aunque sospecho que todos ellos conocen que el gobierno regional no dispone hoy de ningún suelo, aparte del escogido en Valdebebas, para ubicar esas instalaciones. Los deseos expresados, obviamente, no obedecen al ejercicio de su competencia en el caso de nuestra alcaldesa ni es materia sobre la que puedan decidir la mayoría de los que opinan sobre el asunto, ni contemplan las obligaciones y compromisos adquiridos por las instituciones con Valdebebas, ni pueden ir más allá de una mera opinión. Pero, señores políticos, sean ustedes responsables, cada vez que expresan una opinión, por infundada o extemporánea que sea, pueden destruir expectativas de unos y crear falsas ilusiones en otros.
Concluyo. No parece que podamos pedir a todos los políticos cuidado con qué es lo que dicen y cómo lo dicen. Pero sí exigimos una conducta leal de las administraciones, una reformulación de nuestro sistema urbanístico que introduzca responsabilidad en quien ha de dotar a la ciudad de los servicios esenciales, la obligación de cubrir esas dotaciones en un plazo y con inversiones previamente comprometidas. Que permita la colaboración público-privada, para asegurar financiación y garantizar la ejecución de las dotaciones. Nuestra Ciudad de la Justicia de Valdebebas se convierte, lamentablemente, en otro ejemplo de una infraestructura necesaria y esencial que termina cayendo en el despilfarro, en la vulneración de compromisos, en la incongruencia y, finalmente, en el abandono. Y estos días parece, además, haberse constituido, para desesperación de quien tanto patrimonio ha expuesto y, a veces, perdido y para vergüenza de quienes dedicamos nuestro esfuerzo y nuestro trabajo a este castigado y vilipendiado sector inmobiliario, en moneda de cambio o argumento para el lucimiento de los políticos de nuestro tiempo.