Jaime Sanz llega en una furgoneta con sus fieles empleados a una urbanización madrileña en Valdemoro. Su equipo está alborotado, tienen ganas de salir del vehículo. Sus peludos compañeros serán clave para el desalojo que van a iniciar. Alrededor de siete perros hacen acto de aparición. Es la nueva fórmula legal que este empresario madrileño lleva aplicando desde hace tres años y, según cuenta, sus amados "canes" no fallan.
El fundador de la empresa de desalojo en Madrid defiende su método, ya que, según explica, "no ha habido ningún incidente ni los animales han mordido a nadie". Ciertamente, sólo comprobar que con tocar el arnés el perro "se activa", impone. La raza de pastor belga malinois están adiestrada para este nuevo uso. "Pertenecen a las unidades caninas de seguridad en el Santiago Bernabéu, saben lo que hacen y sus entrenadores también", asegura el director de Desokupación Legal.
Su método consiste en blindar las puertas de acceso a la vivienda okupada. Varios de estos empleados de seguridad privada cercan la zona y se sitúan con sus leales animales controlando la entrada de vecinos. En el momento en que los okupas salen, difícilmente podrán volver al inmueble. Ni que decir tiene que los malinois imponen. Sanz aclara que "los perros sólo son utilizados como elemento disuasorio o de defensa ante un okupa violento, pero no son lanzados al ataque en ningún momento".
Sea como fuere, tan sólo en el pasado año llevaron a cabo 300 desokupaciones. El director de seguridad madrileño recuerda su historial de trabajo: "En tres años que llevamos en activo, a excepción de un caso en el que nos sacaron un machete, el resto, un 97% han sido desalojos sin conflictos". Aunque, eso sí, con alguno que otro ladrido. "Se van en cuantos nos ven".
El mal funcionamiento en los juzgados de la ley de desalojo exprés aprobada por el anterior Gobierno del PP está auspiciando el auge empresarial de este tipo de negocios de desokupación. El primero en abrir la veda y estudiar los entresijos legales para poder echar a los okupas fue el barcelonés Dani Esteve, quien creo la empresa Desokupa.
Pero, tras él, han sido muchos los que han copiado su modelo basado en los controles de acceso y la mediación sin violencia. Esteve contaba a Libre Mercado cómo en muchas ocasiones aportar una cuantía económica ayuda a que el okupa se vaya. Sin embargo, esto es algo que Sanz no considera. "Nunca negociamos con dinero la salida de los okupantes. Trabajamos con los ayuntamientos locales para realojarlos en otras viviendas".
De hecho, estos vigilantes de seguridad hacen casi el papel de trabajadores sociales. "Buscamos inmuebles de alquiler social o domicilios vacíos que puedan ofrecernos el gobierno local y sean de titularidad pública". Pero, ojo, porque no todos son aptos para una mudanza feliz. "Sólo realojamos a las familias más desfavorecidas. A los que pueden pagar no les facilitamos esta labor, ni mucho menos", matiza el dueño de la agencia.
Además, a pesar de las críticas que han recibido este tipo de organizaciones empresariales, sus protagonistas están orgullosos de "hacer justicia" y así lo argumentan: "Lo que hacemos es defender el derecho de la propiedad privada, los juzgados están saturados de litigios. Nuestro procedimiento es necesario".
Las graves consecuencias que la lentitud burocrática en el trámite de expedientes para que los jueces ejecuten órdenes de desalojo arrastran consigo zonas donde la okupación es más habitual. Los puntos calientes donde suelen desplazarse los desokupadores con sus perros son las islas Canarias, Málaga, Valencia y la periferia de Madrid. "Viajamos mucho, pero hay lugares donde la okupación, ya sea por los juzgados o porque existe más marginalidad, hace que la demanda de nuestros servicios sea muy alta".