Tienen el alma en vilo. Tanto propietarios como empresas inversoras están paralizando los contratos de alquiler que iban a ser firmados tras la entrada en vigor de la nueva ley de alquiler. Hasta un 40% han descendido las operaciones de arrendamiento, según informa Lorenzo Colino, director de Renta Garantizada.
Las nefastas consecuencias que está teniendo el impacto de la medida socialista ha agravado la desesperante situación que ahoga a cualquiera que busque un piso para alquilar. "Los inquilinos potenciales las están pasando canutas. Si ya era complicado encontrar una vivienda para alquilar en zonas como Madrid o Barcelona, ahora el contexto es aún peor. Desde el PSOE han condenado a los arrendatarios de clase media. Como siempre, los socialistas intentan favorecerlos castigando a los propietarios y lo que han hecho es perjudicar la oferta", critica el experto en la industria inmobiliaria.
Obligar a los fondos de inversión a firmar contratos de siete años de duración con el cliente o limitar la subida del alquiler durante este tiempo a lo marcado por el IPC "convierte la opción de alquilar un inmueble en un negocio de riesgo, que se suma al desamparo actual que viven los propietarios con los okupas", explica Colino. Como resultado, tal y como advierten los profesionales de Renta Garantizada, "las grandes compañías extranjeras en España han decidido quedar a la espera y parar la compra de grandes edificios para su rehabilitación y puesta en alquiler".
La última esperanza
A pesar de que la ley entró en vigor el pasado 6 de marzo a través de la fórmula del decreto-ley, todavía queda la ratificación de la la Diputación Permanente. Los afectados se aferran esperanzados a que, finalmente, no salga adelante. Esta vez dependerá de Bildu, ya que Podemos "fue convencido" en el último momento, según reveló la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. "Recibimos la orden por parte de los empresarios de que este mes, hasta que no se lleve el decreto ley del alquiler a las Cortes, no se haga absolutamente nada. Ni firmas, ni ventas, ni compras, ni alquileres a nadie. Así estamos", apunta el dueño de Renta Garantizada.
Más condiciones y requisitos
La incertidumbre entre los propietarios y la inseguridad jurídica a la hora de rentabilizar el patrimonio está provocando que se busquen soluciones factibles para sortear la debacle inmobiliaria. Entre las posibles alternativas se encuentra la opción de vender la vivienda. "Muchos propietarios están pensando en vender su casa y dejar de alquilar. Otros están aumentando los requisitos para acceder a alquilar su inmueble. Es lógico, si aumentas los años de obligatoriedad entre cinco y siete años y además dificultas el desahucio aún más, ¿quién al final va a poder acceder a alquilar un piso? Pues las personas más pudientes. Las clases altas son las que van a lograr que confíen en ellos los propietarios. El inquilino medio se está viendo ya expulsado del mercado y esto es una realidad tangible", añade.
De hecho, desde Renta Garantizada confirman a este diario que, debido al mayor riesgo que se deriva del decretazo del Gobierno, "los propietarios están sometiendo a un riguroso casting a los candidatos".