Parece que no han tenido suficiente. El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de abrir la espita para que los ayuntamientos disparen el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a los propietarios que mantengan sus viviendas "desocupadas de forma permanente" con el fin de que las pongan en alquiler. Y ello, a pesar de que los datos oficiales demuestran que la cartera de pisos vacíos no es un factor relevante a la hora de explicar el encarecimiento que han registrado los alquileres en algunas zonas de España a lo largo de los últimos años. En concreto, el Ejecutivo otorgará carta blanca a los municipios para que apliquen un recargo adicional del 50% sobre este tipo de inmuebles a partir de este miércoles.
Una mala noticia para los propietarios, sobre todo si se tiene en cuenta que este colectivo ha sido, de lejos, uno de los más castigados por Hacienda. La recaudación de impuestos cayó de forma generalizada tras el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007, afectando a la inmensa mayoría de figuras tributarias. Sin embargo, aunque el nivel de ingresos fiscales ya se ha recuperado y, de hecho, vuelve a tocar máximos históricos, hay un impuesto cuya recaudación no ha dejado de crecer en todo este tiempo, ni durante los duros años de crisis ni durante los años previos de bonanza económica: el IBI.
Tal y como muestra la estadística tributaria de la OCDE, el IBI aportó a las arcas públicas unos 13.000 millones de euros en 2017, un 80% más que en 2007, de modo que hoy recauda casi el doble que en el pico de la burbuja inmobiliaria. Y si se echa la vista atrás, se observa que su recaudación casi se ha multiplicado por tres en comparación con los 4.000 millones cosechados en el año 2000. No hay ni un solo ejercicio que no haya presentado incrementos, pese al histórico desplome que sufrió el sector inmobiliario y de la construcción a partir de 2008.
Si a ello se le suman el resto de cargas fiscales que soportan los propietarios, la factura total ya supera los 29.000 millones de euros, cerca del récord alcanzado en 2007, una cifra equivalente al 2,5% del PIB, casi un 30% más que la media de la treintena de países ricos que componen la OCDE (1,9%).
La razón de esta particular evolución es obvia, dado que los propietarios no pueden huir con su casa a cuestas. El IBI es un impuesto directo y periódico (se paga anualmente) que grava el valor de los bienes inmuebles con independencia de cuál sea la naturaleza o renta que produzcan, y cuya base imponible está constituida por el valor catastral del bien en cuestión, cuya cuantía establece la Administración Pública. Lo que han hecho los ayuntamientos es, por un lado, aumentar de forma sustancial el valor catastral de los inmuebles incluso durante la crisis, cuando el precio de la vivienda bajaba, y, por otro, elevar los tipos a aplicar dentro de una horquilla que, hoy por hoy, oscila entre el 0,4% y el 1,1% de la base liquidable.
Como resultado, la recaudación no ha dejado de crecer. Además, hay que tener en cuenta que el IBI es la principal fuente de financiación de los ayuntamientos. En la mayoría de capitales, los ingresos por IBI representan más del 60% de sus recursos impositivos, llegando a suponer en Ciudad Real un máximo del 78%, mientras que en Vitoria representa un mínimo del 47%, según los últimos datos del Reaf, correspondientes a 2018.
Asimismo, en el caso de Madrid, el IBI ingresó cerca de 1.400 millones de euros el pasado año, equivalente al 59% de la recaudación local. El Ayuntamiento que dirige Manuela Carmena aplica la carga fiscal más elevada de España si se compara con el número de habitantes, ya que el IBI aporta 439 euros por cada madrileño frente a los 315 euros de la media nacional, lo que supone casi un 40% más.
Las diferencias en términos de ingresos por habitante con respecto al IBI son importantes. Así, entre la capital con mayor ingreso y la de menor (Madrid y Ceuta) la brecha es de casi 352 euros. Quince capitales están por encima de la media nacional, mientras que el resto están por debajo.
El atraco fiscal que han sufrido los propietarios es de tal magnitud que la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar denuncia la situación con los siguientes datos:
Hemos hecho una estimación del aumento, entre 2003 y 2018, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) sobre 8 inmuebles de distinto uso radicados en el municipio de Madrid: 3 de uso comercial, 2 de uso de garajes, 2 de uso de oficinas y 1 de uso de hostelería.
El resultado de la muestra es esclarecedor sobre la carga impositiva de este tributo municipal: en ese período se ha producido un aumento del 464% cuando la variación del IPC ha sido del 32%.
La comparación se completa analizando el aumento que han soportado esos bienes inmuebles en el período del actual gobierno municipal (años 2015 a 2018): 16% de incremento cuando la variación del IPC ha sido del 3,3%.
El Ayuntamiento de Madrid y el resto de Ayuntamientos de la región deben reducir significativamente la tributación por el Impuesto de Bienes Inmuebles. Los tipos de gravamen diferenciados a partir de ciertos valores catastrales suponen un castigo fiscal a bienes que ya han tributado por otros conceptos y que contribuyen significativamente a la generación de empleo y de riqueza en la localidad donde se ubican.