El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un decreto ley que amplía de forma progresiva el permiso de paternidad a 16 semanas hasta equipararlo con el de maternidad. El plan se extenderá en los próximos 3 años y se aplicará de forma progresiva. Así, según los planes del Gobierno, el permiso de paternidad pasará este año de 5 a 8 semanas desde la entrada en vigor (al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado). Ya en 2020, aumentará el permiso a 12 semanas y en 2021, a 16 semanas.
Además, el Gobierno también obliga al "progenitor distinto de la madre biológica" a cogerse, como mínimo, las seis primeras semanas de permiso y de forma conjunta, tras producirse el nacimiento del hijo, al igual que, hasta ahora, sucedía con las madres. Las otras dos semanas podrá disfrutarlas en otro momento. Lo mismo ocurrirá en 2020, cuando el permiso de paternidad se amplíe a doce semanas, y a dieciséis, en 2021.
Preguntada por la disconformidad de la patronal con la equiparación de los permisos, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, se ha limitado a decir que la norma se ha tratado en el marco del diálogo social con patronal y sindicatos, y que ahora "lo importante" es que el decreto ley sea convalidado por los grupos parlamentarios. El decreto ley contempla también la recuperación de las cotizaciones sociales para los cuidadores no profesionales de personas dependientes, principalmente mujeres, que correrán a cargo del Estado aunque serán abonadas por la Seguridad Social, alcanzando junto a la ampliación del permiso de paternidad un coste de unos 610 millones.
"Queremos devolverles la posibilidad de la cotización", ha reivindicado Calvo, quien ha reseñado la necesidad de protección que tiene este colectivo y de agradecimiento por la ética y solidaridad, y para "dejar de castigarlo". Ha cifrado que la brecha de género en las pensiones que se da, entre otros, por este motivo, alcanza el 40 %, con una media de 370 euros menos de pensión en el caso de las mujeres respecto a los hombres.
Además, una vez entre el vigor el decreto, las empresas medianas y grandes (con más de 50 empleados) estarán obligadas a publicar tablas salariales, que estarán accesibles para todos los trabajadores vía sindical o personal, así como a inscribirlas en un registro público. "Vamos a cumplir en términos jurídicos con la premisa de que a igual trabajo, igual salario", ha indicado Calvo, quien ha recordado que "la brecha salarial -entre hombres y mujeres- ronda el 23 % en algunas áreas".
Las medianas y grandes empresas también estarán obligadas a elaborar planes de igualdad y a registrarlos públicamente, con el objetivo de que las mujeres "tengan una influencia importante y sean su propia voz" en el mundo laboral. No obstante, la norma se aplicará la obligatoriedad de los planes de igualdad de forma gradual dando un plazo de tres años a las empresas pequeñas y de un año a las grandes, lo que Calvo ha considerado un "periodo razonable de tiempo y adaptación del derecho igualitario de trabajo en España".
La titular de Igualdad ha considerado estas medidas son "necesarias y urgentes" y que ya estaban contempladas en el proyecto de ley socialista en materia de igualdad no pudo sacarse adelante por "el bloqueo y paralización" experimentado los últimos meses en el Congreso de los Diputados.