El Gobierno de Pedro Sánchez ha arrancado este viernes su particular campaña electoral a cuenta del bolsillo de todos los contribuyentes haciendo un uso abusivo e ilegítimo del decreto ley en el último Consejo de Ministros ordinario de la presente legislatura, previa disolución de las Cortes. Y aprovechando que la manifestación femicomunista del próximo 8 de marzo está a la vuelta de la esquina, el PSOE no ha dudado en aprobar un nuevo atropello de libertades, tanto a nivel de empresa como de familia, con la excusa de la manida igualdad de género para sacar el consabido rédito electoralista.
El plan en cuestión, centrado en el ámbito laboral y presentado a bombo y platillo por la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, dispara los permisos de paternidad a un total de 16 semanas para equipararlos de forma progresiva con los de la madre, pero fijando un plazo mínimo obligatorio de seis semanas tras el nacimiento para que los dos miembros de la pareja cuiden de su hijo a la vez. Es decir, el Estado obliga a los padres a dejar de trabajar por ley, lo cual, por mucho que se quiera revestir de buenismo, constituye un ataque directo a los derechos fundamentales del individuo. Los políticos están para administrar los asuntos públicos, no la vida privada de las personas, y aún menos para imponer vía decreto el reparto de tareas y horarios que estipule libremente cada familia en función de los deseos de uno u otro partido. La igualdad real entre hombres y mujeres que tan insistentemente persigue la izquierda no es más que pura ingeniería social, uno de los muchos reflejos del nefasto totalitarismo de antaño, cuya única finalidad es moldear las personas a imagen y semejanza de una determinada ideología política.
Al PSOE no le importa nada el bienestar de la madre, y aún menos del niño, sino transmitir esa ansiada imagen de igualdad de sexos mediante la imposición de una baja obligatoria por parte de ambos. Ni padre ni madre pueden trabajar, con independencia de lo que piensen o de sus particulares circunstancias. El Gobierno bien podría haber elevado a un total de 32 semanas el citado permiso y que los padres se lo repartieran como quisieran, pero no, aquí lo único que importa es la absurda y maniquea igualdad real que pretende imponer por la fuerza la ideología de género.
Y lo mismo se podría decir del resto de medidas que contiene el plan, empezando por la aberrante publicación de los sueldos de los trabajadores en función del sexo, lo cual atenta directamente contra la protección de datos y el principio esencial de la libre empresa. Sánchez aplica aquí la tan peligrosa y lesiva presunción de culpabilidad, de modo que todas las empresas son consideradas machistas hasta que se demuestre lo contrario, lo cual no solo resulta ridículo, sino que vulnera el más esencial sentido común. Si los empresarios pagaran menos a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, el paro femenino, simplemente, no existiría.
Pero es que, además, la propia Inspección Laboral reconoce que la discriminación laboral por razón de sexo es inexistente en España, por mucho que feministas y socialistas pretendan elevarla a categoría de epidemia estructural. Ni hay discriminación laboral ni hay brecha salarial. Hombres y mujeres cobran lo mismo a igual trabajo, como no puede ser de otra forma. De hecho, España, a diferencia de lo que vende el PSOE, es uno de los cinco mejores países del mundo para nacer mujer debido a su alto nivel de inclusión económica y laboral, protección legal, seguridad y, muy especialmente, ausencia de leyes discriminatorias. El feminismo del PSOE es otro gran cuento ideológico para ganar votos a base de problemas inventados o, como mínimo, desvirtuados y exagerados, sin importar el golpe que se le asesta de nuevo a derechos y libertades básicas.