La Junta de Castilla y León modificará la Ley de Caza antes de que acabe la legislatura autonómica después de que el Tribunal Superior de Justicia castellanoleonés emitiera, a instancias del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma), un auto que, según los animalistas, "paraliza cautelarmente cualquier actividad cinegética hasta nueva orden".
La Consejería de Fomento y Medioambiente del gobierno regional ha abierto conversaciones con varios grupos parlamentarios para conseguir esa modificación vía decreto ley o bien a través de una proposición de ley presentada por estos grupos. El propio consejero de Fomento y Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha explicado este miércoles en Salamanca que su departamento está trabajando con representantes de Partido Popular, PSOE y Ciudadanos para "adoptar una decisión adecuada y rápida".
El tribunal tomó su decisión ayer, después de que el Pacma presentara un recurso para impugnar el Reglamento de caza autonómico, por lo que la suspensión afecta a "toda la actividad cinegética hasta que se dirima la impugnación", ha explicado a Efe Laura Duarte, portavoz del partido animalista. Duarte ha argumentado que el reglamento "no cumple la Directiva de Hábitat de la UE, que se aplica a todas las especies", por lo que, "si no es correcto, se debe proceder a esta paralización". "No se ha prohibido la caza, sólo se impide su actividad hasta que se resuelva el recurso", ha precisado Duarte, quien ha pedido "extremar la vigilancia para evitar que nadie la practique" hasta conocer la resolución.
Amenaza contra la caza
Sin embargo, en un comunicado facilitado este miércoles, la presidenta del Pacma, Silvia Barquero, ha afirmado que "éste es un ensayo general de lo que será vivir en un país sin caza", donde "los cazadores tendrán que colgar sus escopetas". Eso supondrá "un enorme respiro para los animales y las personas que disfrutan del campo de manera pacífica, sin la amenaza de las balas", ha añadido. Barquero ha anunciado también que el departamento jurídico del Pacma estudia repetir esta acción en otras comunidades autónomas.
La Real Federación Española de Caza (RFEC), apoyada por la de Castilla y León, ha contestado con un comunicado en el que califica el auto de "ilegal" y asegura que "es muy probable que el TSJCyL haya prevaricado" al dictarlo, ya que "es una resolución manifiestamente injusta". Además, entiende que estos letrados "se han extralimitado en sus competencias" pues la caza es una "competencia exclusiva de las CCAA" y el auto "deja sin efecto la Constitución y el Estatuto de Autonomía", extremo para el cual este tribunal "no tiene absolutamente ninguna competencia".
Escepticismo entre los cazadores
Varias organizaciones y entidades también han mostrado su escepticismo en las últimas horas respecto a los efectos del auto. Así, el Colegio de Ingenieros de Montes cree que "no tiene fundamento técnico" y "aplica de forma incorrecta el principio de precaución" y las organizaciones agrícolas UPA y COAG acusan al TSJCyL de "dar alas" a los partidarios de que "todo el campo se convierta en selva".
La fundación cinegética Artemisan ha añadido que la actual Orden Anual de Caza de la Junta sigue "plenamente vigente", ya que el auto "no se pronuncia sobre el fondo de un asunto que aún no es firme" y puede ser recurrido en un plazo de cinco días. De hecho, ha confirmado que se personará "de inmediato" como codemandada para defender los intereses "no sólo para el sector cinegético, agrícola, ganadero y turístico, sino también para la conservación de las especies protegidas".
Enfado en la RFEC
La Real Federación de Caza Española ha transmitido que acatará la decisión judicial, pero que se muestra "en total desacuerdo con la misma, entendiendo que los letrados del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León se han extralimitado en sus competencias". Asimismo, la RFEC ha asegurado que ya "se encuentra trabajando con la Administración castellanoleonesa y a lo largo de estos días se tomarán las pertinentes decisiones de actuación".
Además, desde la Federación están intentando calmar al sector de la caza, ya que están seguros de que esta medida cautelar carece de validez: "El TSJCyL con su auto ha derogado la Ley de Caza de Castilla y León, para lo cual tampoco tiene la más mínima competencia. El mismo Tribunal reconoce en su auto que no se puede plantear impugnar la Ley de Caza como pretenden los animalistas.
Es por ello que el presidente de la RFEC, Ángel López Maravez, ha admitido que el auto es ilegal. "Por un auto (que no es una sentencia) no se puede suspender la aplicación de la Constitución, de los estatutos de autonomía ni de las leyes de caza. Esto es, no se puede suspender el derecho de caza por la única razón de que lo pida una asociación privada como son los animalistas", ha defendido el cazador.
Por último, la entidad que representa a los cazadores en nuestro país ha puesto de relieve los graves daños que va a suponer la decisión del tribunal para la flora y la fauna y a los propios profesionales de la caza. "A los cazadores, a la Federación de Caza de Castilla y León, a los titulares de los cotos, etc., se les ha dejado en indefensión, pues se ha dictado este auto suspendiendo la caza, de la que resultan gravemente afectados, sin ser oídos en el procedimiento. El Tribunal no valora los incalculables daños que se causará, por la suspensión, a las especies protegidas, a las de caza, a la flora, a los municipios y a los particulares que ya tienen el derecho a cazar y a acotar reconocido legalmente", ha concluido López Maravez.