Desde hace varios años, la izquierda política ha puesto encima de la mesa la posibilidad de introducir nuevas reglas laborales que persiguen igualar las condiciones salariales de los trabajadores subcontratados y los asalariados que sí tienen una relación laboral directa con la empresa a la que prestan sus servicios.
La iniciativa empezó a cobrar fuerza a finales de 2016, cuando el grupo socialista llevó al Congreso una modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores con la que se perseguía esta equiparación. Dicha iniciativa fue respaldada por Unidos Podemos, PNV, ERC, EH Bildu, Nueva Canarias y PDECat. Solo PP y Foro Asturias votaron en contra, mientras que Ciudadanos se abstuvo.
La precipitación de las elecciones dejará estos planes en la nevera, pero el Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez ya había filtrado a los medios su intención de incluir este punto en su contrarreforma laboral. Por tanto, si las próximas elecciones deparan una mayoría de izquierdas capaz de formar gobierno, es probable que este proyecto se coloque en el centro del debate laboral.
Un encarecimiento del 40%
La empresa de recursos humanos Randstad ha estudiado las consecuencias que tendría aprobar una medida así. Para esclarecer el coste, su servicio de estudios analizó cerca de treinta convenios colectivos ligados a más de diez sectores: comercio, hostelería, industria, transporte, etc. En total, el trabajo cubre más de 100 categorías profesionales susceptibles de ser contratadas de forma externa: conductores, limpiadores, auxiliares, comerciales, telefonistas, personal de seguridad, etc.
El resultado de estas pesquisas es revelador. Si se obligase dicha equiparación, los costes salariales que soportan las empresas prestatarias de servicios externos se encarecerían, de media, un 40%. La subida sería del 34% en la hostelería, del 43% en los grandes almacenes o del 63% en la industria siderometalúrgica.
Lo vemos reflejado en el siguiente gráfico, que desglosa el resultado de la investigación para distintas ramas de actividad:
"La principal conclusión que se extrae del análisis comparativo es que se produciría un incremento considerable de los costes asociados a estas actividades, lo que implicaría tres grandes deterioros: pérdida de competitividad en los sectores analizados, riesgo de aumento en el desempleo general de la economía y aumento de los incentivos a la economía sumergida", zanja el informe.